Crece la tensión entre el Ejecutivo y la Legislatura por la reforma constitucional.
Tras la derogación de la Ley 1.529 por los legisladores fueguinos, el gobernador vetará en las próximas horas lo actuado en la Cámara. El Gobierno insiste en la necesidad de modificar la Carta Magna de 1991 y considera recurrir a la Justicia, de ser necesario.
Luego de que la Legislatura derogara el 1ero de mayo en una sesión maratónica la ley que habilita el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella se dispone a vetar la medida este lunes 4 de mayo, al considerarla inconstitucional, y ratificará así la continuidad del proceso electoral que ya fue formalmente convocado para el próximo 9 de agosto.
La derogación fue aprobada durante la madrugada del viernes 1° de mayo, al término de una extensa y controvertida sesión legislativa. La resolución dejó sin efecto la Ley Provincial 1529, sancionada en diciembre de 2023 por ese mismo cuerpo, norma que declaró la necesidad de reformar parcialmente la Constitución fueguina y dio origen al actual proceso constituyente.
La decisión legislativa abrió un fuerte conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al producirse apenas 24 horas después de que Melella firmara el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la convocatoria mantiene plena vigencia y que el proceso no puede ser interrumpido una vez puesto en marcha. Argumentan además que la reforma ya cuenta con aval judicial, luego de la intervención del Superior Tribunal de Justicia, que oportunamente habilitó la continuidad del mecanismo tras la suspensión dispuesta el año pasado.
En ese marco, especialistas en derecho constitucional consultados por distintos medios sostienen que una vez activado formalmente el proceso electoral, la ley que le dio origen agota su función constitutiva y pierde capacidad de ser modificada o dejada sin efecto, al menos sin intervención judicial.
Desde la oposición, en cambio, defienden la potestad de la Legislatura para revisar sus propias decisiones y consideran que la derogación constituye una rectificación política frente a un escenario institucional que, aseguran, cambió sustancialmente desde la aprobación original.
La votación reflejó además un significativo reordenamiento de fuerzas dentro de la Cámara, donde con 11 votos afirmativos bloques de distintas extracciones políticas —incluidos sectores del justicialismo, espacios libertarios y fuerzas provinciales— avanzaron contra la continuidad de la reforma impulsada por el oficialismo.
Detrás de la discusión jurídica subyace una disputa política de mayor alcance. Las tensiones entre el Gobierno provincial y distintos actores de peso, particularmente en Ushuaia y Río Grande, reconfiguraron alianzas y dejaron al descubierto una puja por el control del futuro escenario institucional fueguino.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que la reforma constitucional apunta a modernizar el sistema político provincial mediante cambios como la limitación de reelecciones indefinidas, la revisión de cargos vitalicios y la incorporación de herramientas orientadas a la transparencia y actualización del funcionamiento estatal.
El escenario adquiere además un carácter inédito. Nunca antes en la historia institucional de Tierra del Fuego —ni existen antecedentes similares claros a nivel nacional— se intentó frenar legislativamente un proceso constituyente que ya fue convocado y que se encuentra en marcha dentro del calendario electoral.
Con el veto ya definido por el Ejecutivo, el conflicto abre ahora un nuevo capítulo. Si la Legislatura insistiera con la derogación, la controversia podría trasladarse nuevamente al ámbito judicial.
Lo que finalmente ocurra no solo definirá el futuro de la reforma constitucional, sino que pondrá a prueba los límites entre los poderes del Estado en uno de los episodios institucionales más tensos de los últimos años en la provincia.