Cambios en el financiamiento del transporte público.
El presidente de UISE cuestionó la decisión de congelar el aporte nacional para el beneficio y advirtió que el incremento del costo deberá ser absorbido por los gobiernos provinciales y municipales.
El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), José Labroca, manifestó su preocupación por la modificación del esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público dispuesta por el Gobierno nacional.
Según explicó, la Resolución 40/2026 establece que el Estado nacional continuará financiando el descuento del 55% sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio. De esta manera, los futuros aumentos tarifarios no serán contemplados en ese aporte y la diferencia deberá ser afrontada por las provincias o los municipios.
«El Gobierno nacional decidió congelar el aporte que realiza para la tarifa social. Va a seguir pagando el beneficio, pero calculado sobre la tarifa de junio. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio», afirmó.
Labroca sostuvo que la medida afecta principalmente a los beneficiarios de la tarifa social, entre ellos jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y personas que perciben prestaciones por desempleo y otros programas sociales.
«Estamos hablando de personas que utilizan el colectivo para ir a un hospital, a una escuela, a realizar un trámite o simplemente para poder desarrollar su vida diaria. Es un beneficio que protege a quienes tienen menores ingresos y hoy esa responsabilidad comienza a trasladarse a los gobiernos locales», señaló.
El titular de UISE también indicó que la decisión se produce en un contexto de incremento de los costos operativos del transporte, especialmente en combustible y salarios.
«El transporte público atraviesa una situación muy delicada en todo el país. Se están cerrando líneas, reduciendo frecuencias y restringiendo servicios porque los costos siguen aumentando mientras disminuye el acompañamiento del Estado nacional», expresó.
Además, sostuvo que «si la empresa no contara con otras unidades de negocio que generan recursos, el Municipio debería destinar alrededor de 8.000 millones de pesos al año para mantener funcionando el transporte público. Hoy ese esfuerzo se reduce gracias a esos ingresos complementarios, pero las decisiones nacionales trasladan cada vez más responsabilidades a los gobiernos locales».
Finalmente, advirtió que «cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios, que son quienes garantizan que el transporte siga funcionando y que los vecinos puedan seguir accediendo a un servicio esencial».