Islas Malvinas, Atlántico Sur y soberanía.
El legislador fueguino rechazó de plano cualquier propuesta al respecto, criticó el alineamiento del Gobierno nacional con Estados Unidos y advirtió sobre un avance británico en el Atlántico Sur.
El legislador provincial Juan Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, alertó sobre el avance de propuestas que, a su entender, ponen en riesgo la integridad territorial de Tierra del Fuego y cuestionó la política exterior del presidente Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas y el Atlántico Sur.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el investigador local y director de la publicación Pal´sur, Luciano Moreno, en la que se refirió a la aprobación de una declaración legislativa que repudia iniciativas vinculadas a esquemas de soberanía compartida sobre las Islas Malvinas.
La polémica surgió luego de que trascendiera una propuesta presentada en abril en el Reino Unido por el veterano de guerra Alejandro Diego, que plantea un modelo de soberanía compartida para las islas en un marco de autonomía provincial y con Estados Unidos como mediador.
Frente a esa iniciativa, la Legislatura fueguina aprobó la Declaración Nº 013/26, mediante la cual ratificó su compromiso con la integridad territorial de la provincia y rechazó cualquier propuesta que contradiga el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
«Estamos viviendo tiempos donde hay un proceso de desmalvinización y un Gobierno Nacional que permanentemente entrega soberanía», sostuvo Lapadula.
El legislador consideró que desde Tierra del Fuego existe la obligación de reaccionar frente a cualquier iniciativa que debilite los reclamos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el Atlántico Sur.
Juan Matías Lapadula, legislador de Tierra del Fuego por el partido Provincia Grande.
Asimismo, afirmó que propuestas de ese tipo contradicen la Constitución Nacional y el carácter irrenunciable del reclamo de soberanía.
«Plantear este tipo de cuestiones es ir contra nuestra Constitución Nacional, porque van en contra del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas», señaló.
Lapadula atribuyó la aparición de estas iniciativas tanto al desconocimiento sobre la importancia estratégica de Tierra del Fuego como al trabajo de influencia política que, según afirmó, realiza el Reino Unido para sostener su presencia en el Atlántico Sur.
En otro tramo de la entrevista, el legislador cuestionó el acercamiento del Gobierno de Javier Milei a Estados Unidos y expresó preocupación por los anuncios vinculados a programas conjuntos para el control y monitoreo del Atlántico Sur.
En ese sentido, recordó que presentó un proyecto para repudiar cualquier acuerdo que implique ceder o subordinar el control estratégico, militar o geopolítico de la región a potencias extranjeras.
«Tenemos un Gobierno Nacional que se despreocupa de los temas de soberanía, sobre todo en lo que refiere a Malvinas y al Atlántico Sur», afirmó.
También cuestionó la denominación de «bienes comunes» utilizada en algunos documentos vinculados a la cooperación internacional sobre el mar argentino.
«Me parece bien una colaboración con otro país, pero que le llamemos bienes comunes a recursos que son de propiedad exclusiva de la Nación Argentina me parece sumamente preocupante», sostuvo.
Por último, Lapadula cuestionó lo que definió como un doble estándar en el tratamiento mediático de la explotación de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
Si bien reconoció la preocupación por la actividad de la flota china en aguas internacionales cercanas a la Zona Económica Exclusiva argentina, sostuvo que existe un silencio mucho mayor respecto de la pesca realizada bajo licencias otorgadas por el gobierno británico en las Islas Malvinas.
«Lo que es verdaderamente ilegal son los barcos que pescan con licencias británicas ilegítimas en nuestras islas y en nuestro mar, y sobre eso nadie dice nada», afirmó.
Según el legislador, la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur requiere mantener una posición firme frente a cualquier intento de relativizar los reclamos territoriales o de habilitar mecanismos que impliquen resignar jurisdicción sobre recursos estratégicos.