Ley antidoping: “Esta norma es absolutamente inaplicable”, señaló el abogado Giménez

El letrado cuestionó los “errores de concepto e ignorancia en algunos temas”, la falta de debate al tratar sobre tablas “una ley de tamaña seriedad”, y recordó que las adicciones “son un problema de salud, no un problema penal que merezca una sanción”.

El Dr. Francisco Giménez aseguró en declaraciones a la prensa, que la ley antidoping aprobada por la Legislatura el pasado viernes es “absolutamente inaplicable”, y cargó contra la “improvisación”, los “errores de concepto” en el articulado, e incluso “la ignorancia” sobre lo que implican las adicciones y de la legislación comparada sobre el tema.
Si bien aclaró que coincide “con el espíritu de la norma, porque establece controles no solamente a los funcionarios sino al personal jerárquico de la administración pública, para ver si son adictos o no a drogas prohibidas”, diferenció las intenciones de lo que se plasmó en el articulado.
“La gran mayoría de los ciudadanos coincidimos en que es positivo el espíritu de la norma, pero una cosa es el espíritu y otra el articulado, donde encontramos serios defectos, que van a tornar a la ley imposible de cumplir”, advirtió.
“Viendo legislación comparada de Chile o Uruguay, que tienen normas de este tipo, la ley aprobada en Tierra del Fuego plantea al adicto casi como un delincuente y se lo excluye de la administración pública, el poder judicial o cualquiera sea el caso. Se trata de una persona que tiene un problema de salud y la norma debería contemplar la posibilidad de que se someta voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, como paso previo a tomar otra medida”, expresó.
“Acá se contempla directamente la exclusión y es un problema que tiene la ley que la hace impracticable, porque no garantiza la confidencialidad de la detección de la persona que consume, ante un proceso de destitución”, observó.
“Imaginen a un juez que se lo somete a un jury por ser adicto a estupefacientes o a un legislador que se lo excluye porque le dio positivo el antidoping. Esto es imposible y, constitucionalmente, no se puede excluir de la magistratura a una persona que sufre un problema de salud”, remarcó.
“El caso de un ministro sería distinto porque están a tiro de decreto”, diferenció y, de hecho, la inclusión del Poder Judicial surgió luego de un cuarto intermedio durante la sesión, porque no estaba prevista en el proyecto original.
“Hay varias objeciones para hacer a esta ley, como una redacción apurada y serios errores de concepto entre consumo y tráfico de drogas. Si creen que con esta ley se combate el narcotráfico como se da a entender en los fundamentos, es un gran error”, afirmó el abogado.
Se le consultó si ve posible un examen para candidatos, como condición de ingreso, dado que el concejal Rossi estaría planteando esta posibilidad para el Municipio de Río Grande. El Dr. Giménez consideró que es viable y que este examen “tendría que estas dentro de los psicofísicos que se hace un juez o todo administrativo antes de asumir o presentarse. Sé que en el caso de la magistratura el psicofísico es muy riguroso y debería contemplar este tipo de controles”, dijo.
“Como estos cargos son hasta la jubilación, puede ocurrir que en el transcurso del ejercicio de la función una persona pudiera volverse adicta, pero lo incorrecto es tomar esta situación como una conducta disvaliosa o ilegal que amerite la destitución o la expulsión del cargo, dejando sin trabajo a la persona”, remarcó.
“La Organización Mundial de la Salud trata a las adicciones como un problema de salud, no como un problema penal que merezca una sanción. Es un problema de salud que merece un tratamiento como tal, y ese es el error del proyecto”, sentenció.
Apuntó que “la legislación comparada de otros países trata este tema y da la posibilidad de que se sometan a un tratamiento voluntario para curar su adicción. Además este control debería ser aleatorio, porque hablan de una vez por año y todos pueden prever cuándo les va a tocar. Si se detecta que un juez o un legislador es adicto, se lo somete al escarnio público de un proceso de destitución, lo mandan a la casa sin trabajo y con una fuerte depresión por toda la situación; así no lo estamos ayudando a salir adelante sino más bien a pasarse en su casa con una sobredosis. Esto las normas lo tienen que prever”, reclamó el letrado.
Cuestionó que “a veces se sancionan leyes para los títulos de los diarios, con un buen espíritu, pero con demagogia y resultan impracticables, o con efectos son peores de lo que se quiere evitar”.
Finalmente, el abogado sugirió avanzar con modificaciones a la ley, si no hay veto de la gobernadora, “para que se discuta un nuevo proyecto que garantice la discusión con los que saben: que convoquen a médicos, expertos en tratamiento de adicciones, para que les expliquen a los legisladores cómo se procede en otros países y en otras provincias. De hecho Tucumán ya tiene una legislación más prolija que la nuestra, la constitucionalidad sorteó la Corte Suprema, y se tiene que dar el mejor debate posible”, propició.
“Me llamó la atención que se aprobara sobre tablas un proyecto de tamaña importancia, por las implicancias que tiene. Esta norma es absolutamente inaplicable, tiene lagunas y baches, y le tiran la pelota al Ejecutivo para que la reglamente y resuelva a ver cómo se hace. Deriva la aplicación al ámbito de Salud y no me imagino cómo puede funcionar tal como está redactada, con errores de concepto e ignorancia en algunos temas. Esto ocurre porque no se debatió, salió sobre tablas y ahora tenemos un problema por la improvisación ante una ley de tamaña seriedad”, concluyó.


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