Respuesta oficial a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
El Gobierno británico publicó una guía para compañías que desarrollan actividades económicas en el archipiélago y anunció asistencia ante eventuales acciones legales o presiones en terceros países. El documento sostiene que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las empresas que operan allí.
Primer ministro británico, Andy Burnham.
El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial dirigida a empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas, en la que reafirma su respaldo a esas operaciones y ofrece asistencia ante eventuales acciones impulsadas por Argentina. Se trata de la primera respuesta oficial de Londres a las sanciones y advertencias anunciadas por el Gobierno de Javier Milei durante las últimas semanas.
El documento, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación en las islas ni sobre las compañías o personas que realizan allí actividades comerciales. El texto afirma que “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland”.
La guía también cuestiona la posibilidad de que tribunales de terceros países ejerzan jurisdicción sobre las medidas que adopte Argentina y recuerda que sanciones aplicadas por anteriores gobiernos argentinos permanecieron vigentes durante años sin impedir, según la posición británica, el desarrollo económico del archipiélago.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional en la que Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional”, con sanciones económicas más severas para empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en aguas que Argentina considera propias.
En paralelo, el Gobierno argentino inició el 8 de septiembre expedientes de sanción contra 60 personas y empresas por su participación en actividades petroleras en las islas que considera ilegales. También presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, además de la canadiense JHI Associates y su accionista Eco Atlantic Oil & Gas.
El marco utilizado por Argentina es la Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915 y complementada por el Decreto 868/2026, que estableció al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y redujo los plazos del proceso sancionatorio. Entre las penalidades previstas se encuentra la inhabilitación para operar en Argentina por períodos de entre cinco y veinte años.
Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013. La compañía británica participa junto con Navitas Petroleum del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, que prevé avanzar hacia la producción de hidrocarburos.
La iniciativa constituye uno de los principales focos de la disputa entre Argentina y el Reino Unido en torno a la explotación de recursos naturales en el área. El proyecto prevé iniciar la extracción en 2028 y contempla una primera etapa con una producción estimada de 170 millones de barriles.
La guía británica establece además tres líneas de acción para las empresas. Por un lado, sostiene que las actividades reguladas por la legislación de las islas son legítimas y que tribunales fuera de Argentina no tendrían fundamento para ejecutar las medidas adoptadas por Buenos Aires. Por otro, recomienda a compañías o personas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas buscar asesoramiento jurídico independiente.
Finalmente, el FCDO ofrece intervención directa cuando una empresa, subsidiaria o proveedor enfrente presiones en un tercer país por actividades desarrolladas en las islas. En esos casos, el Gobierno británico señala que está dispuesto a transmitir directamente su posición ante las autoridades o empresas involucradas.
El documento también reafirma la posición británica de que no negociará la soberanía de las islas salvo que los habitantes del archipiélago así lo soliciten y vincula esa postura con su interpretación del principio de autodeterminación. Desde la perspectiva argentina, en cambio, la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una cuestión bilateral pendiente de resolución, reconocida como tal por las Naciones Unidas.