Una intervención que comenzó generando suspicacias.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó el miércoles último solo a un grupo reducido de trabajadores a ingresar a la terminal, todos afiliados al sindicato que impulsó la denuncia ante el Gobierno nacional, en julio de 2025.
La intervención del Puerto de Ushuaia comenzó a generar fuertes cuestionamientos luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) habilitara a solo veinte trabajadores para ingresar y prestar servicios en la terminal marítima. Del listado oficial surge que uno de los beneficiados sería el secretario general de la Unión del Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, Juan Avellaneda, junto a otros diecinueve trabajadores afiliados a ese mismo sindicato.
Cabe mencionarse que Avellaneda fue quien habría impulsado la polémica denuncia ante el organismo nacional, presentación que terminó por derivar en la intervención del puerto dispuesta por emisarios asignados por el Gobierno nacional y ejecutada intempestivamente en horas de la madrugada del miércoles último.
Esta situación despertó malestar entre los restantes gremios que operan en el puerto, cuyos afiliados quedaron excluidos de la habilitación para trabajar, presuntamente por no pertenecer a la organización sindical que lidera Avellaneda.
En ese contexto, comenzó a evidenciarse un clima de creciente tensión gremial, con enojo explícito hacia el sindicalista y una fuerte incertidumbre respecto del futuro laboral de quienes venían desempeñándose en la operatoria portuaria y que no cuentan con autorización para ingresar al predio. La medida generó interrogantes sobre los criterios utilizados por la ANPYN para definir qué trabajadores continúan prestando funciones durante la intervención.
Juan Avellaneda, secretario general de la Unión del Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego y jefe de operaciones del Puerto de Ushuaia, junto al funcionario designado por el Gobierno nacional, en la madrugada del miércoles 21 de enero, al iniciarse una intervención que se prolongará por un año.
Cabe recordar que Juan Avellaneda fue el principal denunciante tras la sanción de la Ley Provincial N° 1596, aprobada el 1° de julio de 2025, normativa que —según sostuvo públicamente— comprometía la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos. Esa denuncia fue el detonante del proceso que culminó con la intervención nacional del puerto, ahora atravesada por decisiones que profundizan suspicacias y conflictos gremiales internos.
Cabe recordarse que los propios empleados portuarios denunciaron ante el Gobierno nacional que la Legislatura fueguina había dispuesto “de manera excepcional”, que el superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) correspondiente a los ejercicios de 2024 y 2025 pudiera destinarse como fuente de financiamiento del fondo creado para OSEF.
Esta vinculación entre los recursos portuarios y la obra social habría sido el eje de la reacción intervencionista de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que consideró un “incumplimiento grave” de la normativa vigente el uso de ingresos del puerto para financiar OSEF, argumentando que esos fondos debían aplicarse exclusivamente a la actividad portuaria conforme a la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093.