EN UNO DE LOS CASOS TRANSCURRIERON CASI NUEVE AÑOS DESDE COMETIDA LA FALTA Y EN EL OTRO, CINCO, TIEMPO DURANTE EL CUAL LAS IMPUTADAS CONTINUARON PRESTANDO SERVICIOS.
Miriam Graciela Bazán y Alejandra Graciela Colautti fueron echadas de la Administración Pública, en los últimos días, luego de que finalizaran los sumarios administrativos que las tenían como sospechosas de haber faltado a sus lugares de trabajo mediante la presentación de certificados médicos apócrifos.
En el caso de Bazán, se decidió mediante Decreto 0091/18 “aplicar la sanción de exoneración en virtud de haber quedado comprobada la responsabilidad administrativa respecto a los hechos investigados. Esto es haber presentado certificado médico adulterado ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria Ushuaia para justificar licencia por enfermedad los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009”.
Es de destacar que debieron transcurrir casi nueve años de sustanciación del sumario administrativo que concluyó con su exoneración.
Por otra parte, Alejandra Graciela Colautti, fue apartada de sus funciones mediante Decreto Nro 0093/18 “en virtud de haber quedado comprobada la responsabilidad respecto de los hechos investigados, esto es haber presentado certificados médicos adulterados de fecha 1ero de febrero de 2013, 27 de marzo de 2013, 30 de abril de 2013 y dos del día 14 de mayo de 2013 ante la Dirección de Reconocimientos Médicos Zona Norte, para justificar licencia médica desde el 1ero de febrero/13 hasta el 14 de mayo de 2013; y por las inasistencias injustificadas en que incurrió durante el período comprendido entre las fechas 1ero de febrero de 2013 hasta el 14 de mayo de 2013 a su puesto de trabajo en razón de la no acreditación de las constancias respectivas, faltando de esa forma a sus deberes contemplados”.
El sumario a Colautti también se demoró un lustro antes de ser concluido.
Ambas mujeres – mayoría en la causa general que investiga los hechos – están acusadas “de perjudicar material y/moralmente a la Administración Pública”.
No obstante, ambas cuentan con una última instancia de reconsideración, debiendo realizar el trámite pertinente para intentar revertir su situación.
OTRO CASO
Una docente identificada como Selva Beatriz Aragón fue exonerada de la Administracion Publica provincial luego que presentara, en reiteradas oportunidades, certificados de salud falsos para justificar la ausencia a su lugar de trabajo. La medida quedo firme luego de una condena judicial por el delito de fraude a la Administración Pública.
Mediante el dictado del Decreto 1437/17, firmado el 29 de mayo de 2017, la gobernador Rosana Bertone y el ministro de Educación, Diego Romero, ordenaron la medida exoneración de la docente que justificó sus faltas al lugar de trabajo, con la presentación de certificados médicos adulterados a fin de justificar inasistencias laborales durante 2011, lo cual quedó comprobado en una causa penal que la condenó.
La docente fue hallada autora material y penalmente responsable del delito de estafa reiterada en 8 oportunidades, en concurso ideal con uso de documento público falso.
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Diario Prensa
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