El gobernador cuestionó la norma aprobada por la Legislatura y anticipó que recurrirá también a la Justicia.
El mandatario provincial rechazó el mecanismo de transferencia automática de fondos coparticipables impulsado por el legislador Juan Carlos Pino. Recordó que una norma similar fue eje de la crisis que derivó en la destitución de Jorge Colazo: “Es impracticable”, sentenció.
Tras la aprobación legislativa de la denominada Ley de Goteo, el gobernador Gustavo Melella anunció que vetará la norma sancionada el último viernes y anticipó que, de ser necesario, el Ejecutivo provincial recurrirá además a la Justicia para frenar su aplicación.
La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Carlos Pino y acompañada por una amplia mayoría parlamentaria, establece la transferencia automática y diaria de los fondos coparticipables que Nación remite a la provincia, para su inmediata distribución a municipios.
El proyecto surgió en respuesta a los reiterados reclamos de los municipios fueguinos por demoras en el envío de recursos que, aseguran, afectan seriamente la planificación financiera y el funcionamiento cotidiano de las ciudades.
En el caso de Ushuaia, según estimaciones oficiales, la deuda acumulada por fondos no remitidos superaría actualmente los 12 mil millones de pesos.
La norma fue defendida especialmente por Juan Carlos Pino, quien apeló a su experiencia al frente del Concejo Deliberante capitalino para fundamentar la necesidad de garantizar previsibilidad financiera a las administraciones locales.
Sin embargo, el gobernador fue categórico al rechazar la herramienta y acudió a un hecho histórico para explicar su desacuerdo:“El tema del goteo justamente sirvió para que voltearan al ex gobernador Jorge Colazo. Fue el tema del goteo diario lo que facilitó la destitución del ex gobernador”, sostuvo Melella al recordar la crisis política de 2005.
Al fundamentar su rechazo, el mandatario remarcó que uno de los principales argumentos esgrimidos durante aquel proceso estuvo vinculado precisamente a los reclamos por retrasos y falta de envío de fondos coparticipables al Municipio de Río Grande.
Aquella ofensiva política fue impulsada, entre otros sectores, por el entonces intendente riograndense Jorge Martín, también perteneciente a la Unión Cívica Radical, quien denunció reiteradamente incumplimientos financieros por parte del Ejecutivo provincial.
En ese sentido, Melella recordó que por entonces regía una legislación de características similares, que posteriormente fue derogada tras la salida de Colazo y la asunción del vicegobernador Hugo Coccaro, ya que este no hubiera podido asumir en funciones dado que formaba parte del mismo Gobierno y lo hubiera alcanzado igual responsabilidad.
“Es una normativa destituyente”, afirmó el mandatario, al advertir que el mecanismo aprobado por la Legislatura reedita una herramienta que generó severas tensiones institucionales en el pasado reciente de la provincia.
El escenario actual presenta además una paradoja política: durante la votación de la Ley de Goteo realizada el último viernes, uno de los votos afirmativos fue emitido por el propio Jorge Colazo, hoy ocupando una banca legislativa por el Partido Verde.
La particularidad no pasó inadvertida dentro del oficialismo, donde algunos sectores interpretaron ese acompañamiento como una muestra de cómo las lecturas políticas sobre este tipo de instrumentos pueden variar sustancialmente según el rol institucional que se ocupe en cada etapa.
Melella reconoció que existen aspectos del actual sistema financiero que requieren revisión, aunque descartó que la ley aprobada constituya una solución viable.
“Hay cosas que mejorar, sin dudas, pero la solución no es una ley de goteo”, expresó.
El mandatario también dejó entrever motivaciones políticas detrás de la iniciativa parlamentaria: “Realmente me llama mucho la atención porque algunos de los que ahora la ven como algo efectivo, estuvieron antes y saben que esta ley no es de cumplimiento efectivo No se tienen que olvidar que las elecciones se ganan en las urnas y no en la Justicia”, ironizó.
Finalmente, confirmó que el Ejecutivo avanzará con el veto y no descartó judicializar el conflicto.