Municipios ricos… provincia pobre

La semana anterior nos centramos en develar la relación desigual y perniciosa que, en materia fiscal, pesa sobre la provincia a favor de los municipios de Ushuaia y Río Grande. Tocamos el ejemplo del Impuesto Inmobiliario y de patentes de los automotores que en una medida inexplicable, el gobernador territorial Capitán Raúl Suárez del Cerro en 1983, cedió su percepción en un 50% a los municipios de Ushuaia y Río Grande, cuando en el resto del país, ayer y hoy, le correspondía a las provincias percibirlo en forma íntegra o en una proporción mayor que cualquier otro organismo estatal.
Pero la historia del devenir de estos dos tributos no concluye en aquel episodio. Lo que en una primera instancia fue la decisión (o negociación) de un circunstancial gobernador designado por el presidente de la nación, quizá alejado en su condición militar de los pasionales enfrentamientos de las fuerzas políticas que por aquel entonces se disputaban el poder isleño; fue luego una deliberada avanzada de los legisladores territoriales enrolados en las fuerzas políticas que controlaban los municipios y que a la sazón, contaban con la mayoría en la Legislatura territorial.
En efecto, a instancias de la reinstalación de la democracia en la Argentina, el presidente radical Raúl Alfonsín designó a Ramón Trejo Noel y luego de la trágica muerte de éste en 1984, a Adolfo Sciurano como gobernadores territoriales. Pero las elecciones de 1983 habían dejado a la Unión Cívica Radical en clara minoría en la Legislatura: contaba sólo con cinco legisladores de quince posibles y de los ocho necesarios para lograr una mayoría simple.
En esa debilidad y justo un mes antes que en su visita a Ushuaia el Presidente Raúl Alfonsín anunciara el deseo de provincializar el Territorio Nacional, la Legislatura controlada por los intereses de las localidades de Ushuaia (en manos del la Unión Popular Fueguina –futuro Mopof-) y de Río Grande (controlado por el justicialismo) aprobó la ley orgánica de los municipios. Un motivo para festejar por todos, si no hubiera sido que en su articulado, se declaraban recursos municipales el ¡100%! de lo recaudado por impuestos de automotores y también del inmobiliario.
De este modo, las cartas comenzaban a ponerse sobre la mesa, en un mensaje claro capaz de superar cualquier sospecha o conducta azarosa: lejos de primar la cordura y el reconocimiento del equilibrio institucional, la relación entre municipios y la futura provincia de Tierra del Fuego se verían alterados por la posibilidades políticas coyunturales de querer tomar ventaja sobre un poder que aún no había nacido: nos referimos al Poder Ejecutivo provincial. Y este aspecto tiene una doble lectura. Porque por un lado la futura provincia debía aceptar el sometimiento a las apetencias de los municipios; pero por otro lado, también nacería con una debilidad con respecto al Poder Legislativo Provincial (preexistente en la Legislatura Territoriana), que la más de las veces, respondiendo al control e interés de los municipios vía facciones políticas, le iría restando recursos fundamentales para su normal funcionamiento y cobertura de derechos, recursos que además pasaban a engrosar los erarios públicos municipales.
Así, en varias oportunidades hasta acaecida la provincialización, sin poder ejercer defensa alguna, el Territorio nacional fue perdiendo importantes recursos: Impuesto Inmobiliario y patentes automotores: 50% en 1983 y el 100% en 1984; por si fuera poco, en 1988 la Legislatura territorial modificó la Ley 191, aumentando aún más la transferencia de ingresos brutos, la coparticipación federal y las regalías a favor de los municipios, sin que éstos se hicieran cargo de ninguna prestación de servicio que correspondiese a la futura provincia.
Sobre estas bases y conductas políticas debió crearse la nueva provincia. También sobre estos parámetros fue retroalimentándose la perniciosa ecuación institucional de municipios ricos, provincia pobre. Una lectura complementaria está dada por la sanción de la Constitución provincial, que si se la analiza detenidamente, favorece claramente el poder territorial de los municipios sobre la provincia, en la medida que les otorga a éstos la organización concreta sobre el Territorio y deja para la provincia los principios generales de organización sociocomunitaria. Este es un punto que merece un debate profundo que aún no ha sido planteado, pero es como si la provincia fuese arrojada a un mundo paralelo de contemplación del “deber ser”, mientras la política concreta, la realpolitik, quedara en manos de los municipios.
Es por ello que el autor considera que la fueguina no fue una Constitución de consensos (como se la ha querido presentar en muchas oportunidades), sino impuesta legal y legítimamente por un proyecto político sui generis (el Movimiento Popular Fueguino) que si bien arrasó en las elecciones constituyentes, a la luz de los resultados, quizá no esperaba hacerse con la responsabilidad de ejercer la primera gobernación constitucional de la provincia. Es una Constitución en muchos puntos de vanguardia, pero que diluye en sus posibilidades de acción concreta al Poder Ejecutivo provincial. Luego de su sanción, los municipios sólo debieron dictar sus cartas orgánicas, para emular a la provincia en muchas de lo que deberían ser sus funciones específicas. Por eso hoy vemos superposición innecesaria de áreas y competencias entre los municipios y la provincia.
Seguramente muchos integrantes del Movimiento Popular Fueguino habrán pensado que al haber ganado la provincia, el mayor limitante que tendrían a partir de allí sería la minoría en la Cámara Legislativa y la flamante Constitución, aprobada y redactada en sus bases más sensibles, por su propio partido. Los vencedores de la primera contienda electoral constitucional, serían postrados una vez más ante el control político de los municipios.
Muestra de ello es la malograda gestión financiera – aguda crisis financiera e institucional por medio – con que el mopofista José Estabillo entregó la provincia al Justicialista Carlos Manfredotti. Es así como durante los dos mandatos del gobernador Estabillo, la provincia volvió a ceder (más que ceder, le fueron arrancados por la Legislatura y transferidos a los municipios) recursos estratégicos para su normal funcionamiento, debiendo resignar a favor de aquellos, recursos que bajo ninguna razón o circunstancia, debían ser percibidos por las municipalidades. Una mala administración sumada a un mal contexto regional signado por el avance irracional del poder municipal sobre el provincial. Un combo de dificultades difíciles de encausar. Así transcurrieron los años 90s en Tierra del Fuego.
El tema trae mucha tela para cortar. Aquí solo esbozamos algunos elementos que sirvan para entender cómo una provincia, la más joven, la inesperada perla del Atlántico Sur, que tenía todo para surgir desde el inicio como el ejemplo de desarrollo sin igual en nuestra historia nacional, con una Constitución supuestamente moderna, de “vanguardia”, no pudo siquiera en sus primeros 8 años de existencia sostener bases financieras e institucionales sólidas, configurando con el correr de los años la perniciosa ecuación de municipios ricos, provincia pobre.


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