Se profundiza la controversia con Nación.
El funcionario provincial sostuvo que la terminal cumplía con todas las exigencias internacionales al momento de la intervención. “El puerto nunca estuvo en falta. Si fuera cierto lo que dijeron, no hubiera entrado un barco más”, lanzó.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, intervenido en enero por el Gobierno nacional, sostuvo que un documento emitido por Prefectura Naval acredita que la terminal cumplía con las normas internacionales de seguridad días antes de la medida.
La controversia por la intervención del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera un documento oficial de la Prefectura Naval Argentina que certifica el cumplimiento de las normas de seguridad de la terminal portuaria con vigencia hasta el año 2029.
Tras la difusión del expediente, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, aseguró que “queda comprobado que el relato de la ANPyN no se corresponde en absoluto con la realidad”, en alusión a los fundamentos esgrimidos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para disponer la intervención.
Se trata de la denominada “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026 en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Allí, la autoridad marítima deja constancia de que el puerto opera bajo un Plan de Protección aprobado y dentro de los estándares exigidos para la operatoria internacional.
Según explicó Murcia, la inspección había sido solicitada por la propia Dirección Provincial de Puertos y los costos del traslado del inspector desde Buenos Aires fueron afrontados por el organismo local.
“El inspector vino el 13 de enero y el día 14 verificó todo. Teníamos dos observaciones menores: una cámara de seguridad que no funcionaba y una cerradura electrónica de ingreso a la terminal, pero ambas ya estaban reparadas cuando realizó la inspección”, afirmó.
El funcionario remarcó además que desde el inicio del conflicto habían advertido sobre la existencia de esa acta técnica y señaló que, tras la intervención, solicitó formalmente una copia del certificado. Según indicó, el original fue remitido a la ANPyN y posteriormente Prefectura entregó un duplicado.
Murcia insistió en que los cuestionamientos vinculados a supuestas fallas de seguridad y malversación de fondos “no se corresponden en absoluto con la realidad”, y consideró que la nueva documentación refuerza esa postura.
En relación con la operatividad del puerto, recordó que la responsabilidad final sobre el arribo de embarcaciones recae en los capitanes de cada buque.
“El capitán no va a arriesgar su matrícula entrando a un puerto inseguro”, sostuvo, al tiempo que destacó que la mayoría de las naves que operan en Ushuaia son de bandera extranjera y deben ajustarse a exigentes normas internacionales.
También aseguró que el puerto fueguino cuenta con reconocimiento técnico externo por sus condiciones de infraestructura y seguridad, y que continúa habilitado para recibir buques de pasajeros, carga general, contenedores y pesqueros.
Respecto de las acciones judiciales en curso, Murcia indicó que trabajan de manera conjunta los servicios jurídicos de la Dirección Provincial de Puertos y del Gobierno fueguino para avanzar en las presentaciones correspondientes.
Finalmente, lanzó una definición política sobre el conflicto: “Si las condiciones de intervención que figuran en la resolución de la ANPyN fueran reales, no podríamos haber recibido ningún barco más”, en referencia a una temporada con gran cantidad de arribos de todo tipo de embarcaciones al puerto ushuaiense.