Nación habilitó financiamiento a TDF y a otras 11 provincias

Tierra del Fuego accederá a adelantos de fondos por hasta $400.000 millones, con obligación de devolución antes de fin de año y a una tasa blanda del 15%.

El ministro de Economía de la provincia, CPN Alejandro Barrozo, sostuvo que los fondos se emplearán para descomprimir obligaciones de corto plazo y garantizar la prestación de servicios esenciales.

CPN Alejandro Barrozo, ministro de Economía del Gobierno de Tierra del Fuego.

En un contexto de creciente tensión financiera en las provincias, el Gobierno nacional dispuso el adelantamiento de fondos por hasta $400.000 millones para 12 jurisdicciones, entre ellas Tierra del Fuego, con el objetivo de aliviar compromisos inmediatos y sostener el funcionamiento de las administraciones.

El esquema contempla que los fondos deberán ser devueltos antes de fin de año, con una tasa del 15%, considerablemente inferior a las condiciones actuales de financiamiento, que oscilan entre el 30% y el 45%.

Además de Tierra del Fuego, la medida alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán.

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, se refirió al escenario que atraviesan las provincias y señaló que “la situación económica y financiera es compleja” y que no se trata de un problema aislado, sino de una realidad extendida a nivel nacional.

En ese sentido, explicó que la caída de la coparticipación federal y de otros recursos viene impactando de manera directa en las cuentas públicas, obligando a las jurisdicciones a reordenar gastos y buscar alternativas de financiamiento.

Barrozo destacó además el rol del diálogo político en la concreción de la medida. “Este adelanto de fondos es también un logro de las gestiones realizadas ante Nación. Poder acceder a financiamiento con tasas más bajas y plazos razonables es clave para llevar previsibilidad a las provincias”, afirmó.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que el adelanto permitirá descomprimir obligaciones de corto plazo, garantizar la prestación de servicios esenciales y evitar un mayor deterioro en las economías regionales.


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