Resolución 69/2026 de la ANPYN. La continuidad del control nacional quedó supeditada al cumplimiento de un nuevo Plan de Obras de Infraestructura. La Provincia seguirá sin administrar directamente la terminal y la restitución dependerá de la evaluación del organismo nacional.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia y mantuvo bajo su control la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal. La decisión fue oficializada el miércoles 18 de noviembre mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que condicionó la continuidad de la medida al cumplimiento de un nuevo Plan de Obras de Infraestructura.
La intervención había sido dispuesta el 20 de enero de este año. La nueva resolución no establece una fecha límite para su finalización ni para la restitución de la administración a la Dirección Provincial de Puertos. En consecuencia, la Provincia continuará desplazada de la conducción de la terminal, sin un plazo definido para recuperar esas funciones.
Los fundamentos de Nación
Entre los argumentos para mantener la intervención, la ANPYN sostuvo que todavía persisten deficiencias que impiden dar por subsanadas las irregularidades detectadas antes de la medida original. Las observaciones señaladas por el organismo están relacionadas con el estado de la infraestructura, las condiciones de seguridad, el mantenimiento y aspectos de la administración portuaria.
En particular, se mencionaron el deterioro del muelle comercial, problemas en las tareas de conservación y mantenimiento, deficiencias en materia de seguridad operativa y cuestiones vinculadas con el control ambiental.
La autoridad nacional reconoció que desde el inicio de la intervención se registraron avances en distintas áreas, pero consideró que los trabajos realizados no alcanzan para levantar la medida. También señaló que quedan pendientes obras y adecuaciones técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento de la terminal bajo las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Las obras previstas
El nuevo Plan de Obras de Infraestructura contempla reparaciones en sectores del muelle comercial, renovación de defensas para las maniobras de atraque y mejoras en las instalaciones eléctricas y las redes de provisión de agua.
También incluye adecuaciones en los sistemas de prevención y combate de incendios, además de trabajos vinculados con la infraestructura de los muelles de catamaranes y la playa de contenedores.
En materia de seguridad, permanecen pendientes requerimientos relacionados con auditorías, dispositivos de salvamento y sistemas de vigilancia, junto con otras adecuaciones sujetas a los controles de la Prefectura Naval Argentina.
La resolución también establece que las inversiones previstas se financiarán con los ingresos provenientes de las tarifas generadas por la actividad portuaria. Sin embargo, no fija un monto total ni un cronograma preciso para completar las obras.
Una restitución sin fecha definida
Uno de los puntos centrales de la resolución es que la finalización de la intervención no quedó atada a un nuevo plazo calendario, sino al cumplimiento de las obras y exigencias técnicas establecidas por el organismo nacional.
De esta manera, será la propia ANPYN la que deberá evaluar si se alcanzaron las condiciones necesarias para dar por concluida la medida. La Dirección Provincial de Puertos permanecerá fuera de la administración de la terminal mientras continúe vigente la intervención.
La decisión mantiene abierto el conflicto institucional entre Nación y Provincia por el control de una infraestructura estratégica para Tierra del Fuego. El Puerto de Ushuaia concentra operaciones vinculadas con el turismo marítimo internacional, la actividad antártica, la logística y el movimiento comercial, por lo que su administración tiene consecuencias que exceden el funcionamiento cotidiano de la terminal.
Con la prórroga, el Gobierno nacional sostiene el control sobre la infraestructura y la operatoria portuaria sin establecer cuándo podría restituir su administración a la Provincia. El cumplimiento del plan de obras y la evaluación de la autoridad nacional serán, por ahora, las condiciones que definan el futuro de la intervención.