Los miembros de la sala acusadora del Concejo Deliberante de Río Grande se expidieron sobre el caso del robo de los datos de una tarjeta corporativa por parte de un integrante desleal del Municipio.
Los concejales rechazaron en forma unánime la denuncia en contra del titular del Ejecutivo municipal riograndense. Los ediles consideraron que Pérez nada tuvo que ver con el accionar del ahora ex director de Juventudes César Segovia, quien confesó haber usado los datos de la tarjeta del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, para hacer compras personales.
A través de la Sala Acusadora, el Concejo Deliberante concluyó por rechazar en forma unánime la denuncia formulada contra el intendente Martín Pérez, por considerar que no existe responsabilidad de su parte que se pueda encuadrar como causal de juicio político. Esta resolución, de parte de los ediles, surge a raíz del acceso a la información y documentación administrativa, judicial, y bancaria que el Municipio proporcionó para su correspondiente análisis e investigación.
«El intendente Martín Pérez no es responsable de la acción llevada adelante por un ex empleado municipal que la propia Municipalidad de Río Grande denunció al descubrir que había realizado compras indebidas con una tarjeta con fines específicos», afirmaron los integrantes de la Sala Acusadora luego de una exhaustiva investigación que implicó la recolección de pruebas documentales. Dicha Sala está compuesta por los concejales Javier Calisaya, Miriam Mora y Walter Campos, del bloque FORJA; Hugo Martínez, del Frente de Todos – PJ; Cintia Susñar, del Partido Ciudadanos y Pablo Llancapani, del Movimiento Popular Fueguino.
De acuerdo al proceso abierto en el Concejo Deliberante se afirmó también que «el intendente ha cumplido con los requerimientos necesarios para clarificar y dar transparencia a las actuaciones llevadas adelante desde el momento que se identificó este hecho».
Cabe recordar que este proceso fue llevado adelante a raíz de la presentación del vecino de la ciudad, Raúl Méndez, lo que implicó – de acuerdo a lo que dicta la Carta Orgánica – la conformación de una Comisión Investigadora integrada por los concejales Walter Campos, Hugo Martínez y Javier Calisaya.
Como ya fuera informado, fue la
Asesora letrada, Valeria Capotorto, quien explicó cómo el Municipio descubrió el desfalco contra el erario público por el uso indebido de una de las tarjetas corporativas que se entregan a los funcionarios para gastos estrictamente vinculados al organismo. En la revisión semestral de la cuenta en la que impactan dichos gastos, surgieron una serie de operaciones inconsistentes en el movimiento de la tarjeta del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, realizadas en los dos primeros meses del corriente año. El hallazgo fue inmediatamente puesto en conocimiento de la Fiscalía del Distrito Judicial Norte a cargo del fiscal mayor Pablo Martín Bramati, por el área legal municipal. Al iniciarse la correspondiente investigación, el secretario de Juventudes, César Segovia terminó por confesar que él se había aprovechado de la confianza de su compañero de tareas, Ferro, tomando de su escritorio una tarjeta que no le pertenecía. Segovia dijo que fotografió con su teléfono celular la tarjeta de Ferro, cargó los datos en una cuenta de Mercado Pago y luego la usó para efectuar gastos personales como la compra de pasajes, de una bicicleta y de un reloj de tope de marca, entre otros, por un monto estimado en los tres millones y medio de pesos.
Enterado de las irregularidades que se le atribuían, Gonzalo Ferro se presentó también como denunciante ante la Fiscalía, expresando sus sospechas contra César Segovia, las que él mismo terminaría por confirmar al confesar su responsabilidad en lo ocurrido. En consecuencia el secretario de Juventudes fue apartado de sus funciones y se le rescindió el contrato que lo vinculaba laboralmente con el Municipio riograndense, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe en lo sucedido.
Vale destacarse que Segovia además al verse descubierto, reintegró al Municipio, la suma de un millón setecientos mil pesos, a cuenta de la restitución total de los gastos efectuados indebidamente.
En cuanto a la postura de eximir al intendente de responsabilidad en los hechos, la Sala Acusadora fundamentó su decisión en que la misma Municipalidad de Río Grande facilitó a la Comisión Investigadora toda la documentación que se le requería conforme avanzaba la tarea investigativa, incluidos los resúmenes de la tarjeta donde se acreditan los gastos indebidos por el ex secretario denunciado. Luego del análisis de las actuaciones judiciales surgió que el propio Ejecutivo presentó la denuncia ante la Justicia y luego se constituyó en querellante en la causa.
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