Ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals.
El funcionario defendió el veto del Ejecutivo a la derogación de la Ley 1529 y afirmó que frenar la reforma de la Carta Magna de 1991 “es inconstitucional” a la vez que respaldó la continuidad del proceso constituyente.
Jorge Canals, ministro jefe de Gabinete de Tierra del Fuego: “La Legislatura intentó frenar un proceso constitucional ya iniciado.
El ministro jefe de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals, defendió el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella a la ley sancionada por la Legislatura que intentaba dejar sin efecto el proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial.
El funcionario sostuvo que la decisión adoptada por el Poder Legislativo “es inconstitucional desde el mismo momento de su tratamiento” y remarcó que la convocatoria a la reforma constitucional no puede interpretarse como una ley ordinaria.
“La convocatoria a reforma no es una ley simple ni una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”, expresó.
Canals señaló además que el proceso impulsado por el Ejecutivo y aprobado oportunamente por la Legislatura se desarrolló “dentro del marco de la ley y de la Constitución Provincial”.
“No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, afirmó el ministro, en referencia a la convocatoria ya realizada para la elección de convencionales constituyentes.
Asimismo, sostuvo que el veto firmado por el gobernador “constituye una defensa del proceso democrático, de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía fueguina a participar de una discusión trascendental para el futuro de la provincia”.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo provincial advierte que la Legislatura no intentó simplemente derogar una norma común, sino interrumpir un proceso constitucional ya iniciado y desconocer una decisión institucional adoptada conforme a los mecanismos previstos por la propia Constitución Provincial.
El texto sostiene además que habilitar este tipo de interrupciones generaría “profunda inseguridad institucional”, permitiendo que mayorías circunstanciales reviertan decisiones constitucionales previamente adoptadas en función de coyunturas políticas transitorias.
Otro de los puntos centrales expuestos por el Ejecutivo es que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado, por lo que dejarlo sin efecto afectaría la previsibilidad institucional y vulneraría derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.