Auditorías a empresas prestadoras de servicios domiciliarios.
La obra social implementará controles sorpresivos y auditorías compartidas para detectar incumplimientos en las prestaciones autorizadas. El presidente del organismo, Gustavo García, advirtió que las empresas deberán garantizar la totalidad de las horas financiadas.
La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) acordó nuevas medidas de control sobre los servicios de internación domiciliaria, tras detectar falencias en las auditorías realizadas por su directorio. Las acciones buscan verificar que las prestaciones se brinden efectivamente y se ajusten a las coberturas autorizadas.
El presidente de la institución, Gustavo García, encabezó una reunión de trabajo junto al vicepresidente, Jorge Giménez, y los directores Adriana Soria, en representación del sector activo, y Horacio Gallegos, por el sector pasivo. También participaron representantes de las empresas que prestan servicios de atención domiciliaria a los afiliados.
Entre las medidas acordadas se encuentra la realización de auditorías sorpresivas para comprobar el cumplimiento de los servicios abonados por la obra social. Además, se avanzará en un esquema de auditorías compartidas que permita contrastar las observaciones de los afiliados con las condiciones reales en las que se desarrollan las prestaciones.
García señaló que el propósito es asegurar que los beneficiarios reciban los servicios correspondientes y destacó la necesidad de coordinar acciones con las empresas prestadoras. “Los prestadores privados son socios estratégicos de nosotros, pero hay un límite, primero siempre está el afiliado”, sostuvo.
El titular de la OSEF también se refirió al cumplimiento de las horas de atención domiciliaria autorizadas y financiadas por la institución. “Las empresas van a tener que readecuar sus sistemas y si la obra social le paga 12 horas de cuidador domiciliario, 12 horas va a tener que estar el cuidador domiciliario dentro de la casa y no seis o cuatro”, afirmó.
Las medidas apuntan a detectar incumplimientos, evitar diferencias entre las prestaciones autorizadas y las efectivamente brindadas, y reforzar el control sobre los recursos destinados a la atención de los afiliados.