Desestiman denuncia de una pareja que robó un televisor, por apremios ilegales presuntamente cometidos por policías.
Después de ser detenida y una vez que recuperó la libertad, la mujer que participó del ilícito en una silla de ruedas, impulsó una denuncia acusando a los efectivos de haberle pegado y disparado con un arma. El juez Daniel Césari Hernández dijo que “quedó verificado que nada de lo que se denunció ocurrió”.
El juez Daniel Césari Hernandez, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Río Grande se expidió en las últimas horas acerca de un requerimiento fiscal basado en una denuncia por apremios ilegales supuestamente cometidos por personal policial de la Comisaría 4ta. La denuncia había sido radicada por una mujer y su pareja, quienes el 26 de julio último protagonizaron en la Margen Sur, un robo domiciliario.
Grabaciones de cámaras de seguridad muestran a la denunciante, en una silla de ruedas, “campaneando” en el exterior de una casilla sita en la calle Shelknam 156, de la que después del forzamiento de una puerta se ve a su pareja y a otra mujer, sustrayendo un televisor.
Personal policial logró detener a Leila Ojeda Hidalgo, la mujer que se movilizaba en una silla de ruedas, junto a su pareja, Brian Quinteros, huyendo del lugar, a bordo de su automóvil. Ambos transportaban el televisor robado momentos antes.
Luego de ser detenidos y una vez que recuperaron la libertad, se presentaron ante la Fiscalía del Distrito Judicial Norte para denunciar que los policías los habían sometido a apremios ilegales. La mujer dijo que habían sido introducidos en un furgón policial, conocido como “la chancha” en cuyo interior “nos pegaron”. Y también exhibió marcas en las extremidades, supuestamente producto del impacto de balas de goma o proyectiles tipo paint ball.
Además de los efectivos de la Comisaría 4ta., también denunciaron a personal de la División Servicios Especiales.
“La prueba incorporada permite verificar que no ha existido ninguno de los episodios que integró la imputación plasmada y recogida por la Fiscalía Mayor”, reza la resolución firmada por el juez Daniel Césari Hernández, dejando así sin efecto cualquier acción penal que se pretendiera iniciar a los policías cuestionados por los autores del robo.
La resolución del magistrado se basó en un trabajo investigativo que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad callejeras, allanamientos y declaraciones de testigos entre otros elementos.
Césari Hérnandez destacó en el oficio resolutivo que “los denunciantes no fueron víctimas de actos de violencia física por parte del personal policial interviniente. Los hechos denunciados no han hallado en la investigación un respaldo objetivo y probatorio. Antes bien, la prueba incorporada permite verificar que no ha existido ninguno de los episodios que integró la imputación plasmada y recogida por la Fiscalía Mayor”.
El juez también tuvo en cuenta un certificado expedido por la perito forense Dra Inés Aparici, quien sobre las presuntas lesiones exhibidas por la mujer, dijo que “no se corresponden con balas de goma” y que en cambio “serían de vieja data”.
“Si bien se ha acreditado que la denunciante ha presentado lesiones, lo cierto es que ninguna de ellas puede atribuirse razonable, objetiva, probatoria, ni históricamente, al accionar policial desplegado el 26 de julio de 2021 en horario 23:30 en la ciudad de Rio Grande y endilgado a personal policial de la Comisaria Cuarta de esta ciudad”, sostuvo en consecuencia el juez Daniel Césari Hernández, quien terminó por desestimar la veracidad de los dichos de Leila Ojeda Hidalgo.
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