Desde la Cámara de Transporte esperan un pronunciamiento judicial para darle un corte definitivo a la pretensión. El intendente de Río Gallegos por el momento suspendió el cobro, que empezaba a aplicarse esta semana y hay acciones judiciales iniciadas y reclamos desde la Cancillería chilena.
Con más de dos mil ingresos de camiones por mes de transportistas argentinos, y 1.500 choferes chilenos, todos impactados por el cobro de un canon por pasar por Río Gallegos, el inicio de acciones judiciales y las presiones desde Cancillería rindieron sus frutos y ayer el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dispuso la suspensión del cobro.
La medida es temporaria porque la ordenanza que lo habilita sigue en vigencia y desde la Cámara de Transporte se apela a que la justicia la declare inconstitucional, para dar por cerrada la controversia.
En diálogo con la prensa, el presidente de la Cámara Darío Loreto consideró que esta decisión de Grasso “fue la suma de todo, llegamos a esto porque el intendente por las buenas o por las malas entendió que no era bueno lo que estaba haciendo. Por ahora se suspende, pero no se elimina la ordenanza. En algún momento se puede querer reactivar, por eso presentamos la medida cautelar y seguramente eso traerá alguna resolución de parte de la justicia, porque creemos que se está violando la Constitución Nacional”.
“Esperaremos lo que diga la justicia para que después le intendente tome las medidas que tenga que tomar. El peaje que le quieren cobrar a los compañeros lo pueden disfrazar de cualquier forma, pero no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La suspensión por lo menos trajo un alivio a la población fueguina, ante los constantes aumentos de todo tipo, y también hubo reclamos desde Chile”, indicó, teniendo en cuenta que el “peaje” alcanzaba todos los vehículos de carga que pasaran por Río Gallegos con destino a Tierra del Fuego o al vecino país.
“Ellos estuvieron hablando con la Cámara de Santa Cruz y tienen más de 1.500 choferes. Hablaron con el cónsul de Río Gallegos y con varios funcionarios del gobierno de Magallanes, de ahí también salió una nota a la Cancillería Argentina y esto también derivó en que tome una determinación el intendente”, estimó Loreto, ante la generación ya de un conflicto internacional por la pretensión de cobrar un peaje.
Desde la provincia se iniciaron acciones conjuntas con la Cámara de Comercio de Río Grande y se recabó información de la cantidad de transportes afectados: “Hablamos de un promedio de 2.100 camiones por mes de ingreso a Tierra del Fuego y 2.050 camiones de egreso en el último año. Ya tenemos que pagar el plus de la carga de combustible en Santa Cruz y el intendente (Grasso) debería entender el derrame económico que nosotros generamos en Río Gallegos, porque los camioneros vienen de Buenos Aires, de Córdoba, la mayoría hace aduana en Río Gallegos y eso genera que el camión esté parado un día allí, nuestros choferes comen, generan un gasto, por ende hay un derrame económico en la ciudad”, expresó.
Loreto esperará que la justicia se pronuncie y no descartó que, en caso de un fallo adverso al municipio de Río Gallegos, haya una apelación. “La Cámara de la provincia ya intimó al intendente con una denuncia penal y vemos que no existe voluntad política para hacer las cosas como corresponde. Si ellos apelan, también apelaremos nosotros y llegaremos a la instancia que sea necesaria. Tanto la Cámara de Transporte de Santa Cruz como nosotros tenemos todo el apoyo de la Federación Nacional y nuestra intención es ir hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
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