Enviaron una nota al intendente de la capital santacruceña para que dé marcha atrás con la ordenanza que dispone el cobro a partir del 1° de marzo a todo el transporte de carga.
El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, Darío Loreto, adelantó la decisión de tomar la vía judicial para plantear la inconstitucionalidad del cobro de un “peaje” por pasar por el tramo de la Ruta 3 que cruza la ciudad de Río Gallegos, de no tener respuesta a las acciones administrativas ya iniciadas para que se derogue la ordenanza vigente en esa localidad.
La situación fue discutida con la Cámara de Transporte de Río Gallegos y la Federación que nuclea a los transportistas de todo el país, que están en la misma sintonía y respaldan el reclamo.
En diálogo con la prensa indicó que “desde la semana pasada nos vienen notificando a la cámara y a las empresas de transporte que ya es un hecho que a partir del 1° de marzo van a cobrar una tasa por el uso y mantenimiento del tramo de la ruta 3 que atraviesa la ciudad de Río Gallegos. La municipalidad argumenta que ya está la ordenanza y hay que empezar a pagar 3.640 pesos para pasar cuando vienen o salen de Tierra del Fuego”, dijo, si bien se prevé un monto todavía mayor para las unidades que superan las 25 toneladas.
Al tratarse de una ruta nacional, se le preguntó cuál es la injerencia del municipio para imponer esta tasa, y explicó que “muchas veces Vialidad Nacional cede tramos que pasan por dentro de las ciudades, para que el municipio los administre”, al tiempo que dio a conocer la “doble imposición” que se está dando en Santa Cruz, porque “hace tiempo el gobierno impuso por la Legislatura un impuesto al combustible para los que cargan en esa provincia, para el mantenimiento de las rutas. Es decir que los transportes que pasan por Santa Cruz evitan cargar combustible porque hay una diferencia bastante grande. Es una doble imposición y lo consideramos arbitrario y discriminatorio, porque solamente le cobran a los vehículos que van a Tierra del Fuego o a Chile”, sostuvo.
En cuanto a los pasos a seguir, aseguró que “el presidente de la Cámara de Río Gallegos acompaña nuestro pedido. Nosotros integramos la Federación Argentina de Transporte de Cargas y apenas nos enteramos de esta situación, solicitamos instrucciones a la Federación para que nos acompañe en forma jurídica y en gestiones administrativas para ver cómo dar de baja esta disposición”
“Como primer paso enviamos una nota para que se dé de baja la ordenanza, porque hay un efecto cascada que se va a generar. El día de mañana lo puede implementar el municipio de Piedrabuena, o el de Comodoro Rivadavia, y va a ser inviable si todos los municipios cobran una tasa de estas características”, planteó Loreto.
Desde la Federación se sostiene que la norma “es inconstitucional porque, por más que Vialidad Nacional ceda una parte de la ruta, no están habilitados para cobrar por el paso. En Buenos Aires hay zonas que están concesionadas, pero hay una licitación y un proceso que se hace para poder implementar esto”, señaló en referencia a las autopistas donde se cobra peaje, pero incluyen servicios de asistencia, entre otros.
Loreto advirtió que el costo de esta nueva imposición “lo terminarán pagando los consumidores”, porque se vuelca al precio de la mercadería transportada y el abanico es amplio. “El 90% de los camiones que ingresan a Tierra del Fuego pasan por Santa Cruz. Nosotros cuando utilizamos el depósito fiscal en Río Gallegos ya generamos recursos para esa provincia, lo mismo al utilizar sus estaciones de servicio por el precio diferenciado del combustible”, dijo.
Asimismo, advirtió sobre un conflicto en puerta con los transportistas independientes que no están afiliados a ninguna cámara, porque “están planteando cortar la ruta antes de Güer Aike. Eso va a generar un conflicto y dicen que no van a dejar pasar a nadie hasta que no deroguen esa ordenanza”.
Finalmente informó sobre el compromiso del intendente Martín Pérez de tomar contacto con su par de Río Gallegos para revertir esta situación. “La federación se cansó de llamar al intendente Río Gallegos y nunca atendió, por eso mandamos una nota por la vía administrativa y, si no hay respuesta, iremos por la vía judicial. Esto depende de una decisión política”, concluyó Loreto.
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