El intendente de Río Grande advirtió sobre el impacto social del ajuste económico en los sectores más vulnerables.
Ante una demanda alimentaria creciente, desde el Municipio se reforzaron los controles para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan: “No vamos a permitir que la necesidad de muchos se transforme en oportunidad para la viveza de unos pocos”, aseguró Martín Pérez, a la vez que remarcó que “el plato de comida tiene que llegar a las familias que lo necesitan”.
En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Río Grande dedicó un tramo central a describir el escenario económico y social que atraviesa la ciudad, enmarcado —según expresó— en un proceso de ajuste estructural a nivel nacional.
“El costo social de ese proceso es evidente y lo sienten las familias todos los días, y Río Grande no es ajena a ese escenario”, afirmó. Señaló que las decisiones macroeconómicas, los cambios en los regímenes productivos y la redefinición del rol del Estado impactan de manera directa en la actividad industrial, el comercio y los hogares locales.
En ese contexto, cuestionó medidas del Gobierno nacional, como la eliminación de aranceles a productos fabricados en la provincia, el desmantelamiento de herramientas estratégicas como el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), la reducción de la inversión en obra pública, la desregulación de tarifas y la quita de subsidios. A ese panorama sumó lo que definió como un “desorden institucional” en el ámbito provincial.
El jefe comunal describió como consecuencias visibles la paralización de obras, la pérdida de empleo en el sector privado, la caída del consumo, el aumento de tarifas y una mayor presión sobre el sistema de salud, junto con un incremento sostenido de la demanda social.
En ese punto, compartió lo que calificó como una de las situaciones más preocupantes: “Hay datos económicos que preocupan, pero hay escenas que duelen más que cualquier estadística”, sostuvo. Y agregó: “Nuestros profes de los espacios jóvenes y de los centros comunitarios nos dicen que hay algo que los alarma profundamente: cada vez más chicos se van a dormir sin comer o comienzan el día sin desayunar”.
Frente a esa realidad, afirmó que “no hay especulación ideológica posible” y planteó que el Estado municipal debe responder con responsabilidad. Indicó que durante el último año se garantizó asistencia mensual a miles de familias y se acompañó a comedores comunitarios en distintos barrios de la ciudad.
Al mismo tiempo, remarcó que se fortalecieron los mecanismos de control sobre la ayuda social. “Los fondos que destinamos a asistencia pertenecen a todos los riograndenses y tienen que llegar a quienes realmente lo necesitan”, expresó. Añadió que no se permitirá que “la necesidad de muchos se transforme en oportunidad para la viveza de unos pocos” y subrayó que el objetivo es que “el plato de comida llegue a la familia que no tiene cómo resolverlo”.
El intendente vinculó además el agravamiento de la crisis social con un crecimiento de situaciones de violencia intrafamiliar, al señalar que ambas problemáticas avanzan en paralelo en un contexto de grave deterioro económico.