Encuentro de intendentes ante el Gobierno nacional.
El intendente de Río Grande formó parte de una presentación ante el Ministerio de Economía en la que jefes comunales advirtieron sobre el impacto del contexto económico en las ciudades. Expusieron la situación industrial, laboral y financiera.
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde intendentes de todo el país presentaron un documento ante el Ministerio de Economía con reclamos vinculados al precio de los combustibles y la paralización de la obra pública.
Bajo la consigna “Bajen las naftas, activen las obras”, los jefes comunales plantearon la necesidad de retrotraer el valor de los combustibles al 1° de marzo y reactivar obras nacionales interrumpidas desde 2023. Además, advirtieron sobre el desfinanciamiento de los municipios, la caída de la coparticipación y el incremento de costos que impactan en la gestión local.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expuso la situación de la Patagonia sur, señalando el impacto del contexto económico en la actividad industrial, el empleo y el costo de vida. “El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.
En ese sentido, indicó que la producción industrial fueguina registra una caída interanual de entre el 50% y el 55%, y vinculó ese descenso con la apertura de importaciones y la retracción del consumo interno.
Perez también se refirió a la situación financiera del Municipio y señaló que “estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional detenida y con retrasos sistemáticos en la remisión de fondos, lo que condiciona seriamente la planificación urbana”.
Frente a este escenario, explicó que la gestión local debió incrementar las partidas destinadas a asistencia social. “Tuvimos que destinar un 25% más del presupuesto a políticas de asistencia social, sanitaria, alimentaria y de transporte para acompañar a las familias que están atravesando esta situación”, sostuvo.
El planteo incluyó además una referencia al régimen de promoción industrial. “Es alarmante que se considere a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Se trata de una herramienta que lleva más de 50 años garantizando desarrollo, arraigo y presencia argentina en un territorio estratégico”, expresó.
Asimismo, manifestó su preocupación por decisiones vinculadas a la actividad energética y la infraestructura en la provincia, y advirtió sobre su impacto en el Atlántico Sur. “Lo que está en juego en Río Grande no es solo la actividad económica, sino la integridad misma del territorio nacional”, indicó.
El documento presentado por la FAM sintetiza el diagnóstico de los gobiernos locales respecto de la situación económica y financiera, y plantea la necesidad de avanzar en medidas que permitan sostener la actividad productiva y la prestación de servicios.
“Defender la industria fueguina, el trabajo y el desarrollo de nuestras comunidades es, en definitiva, defender la soberanía argentina”, concluyó el intendente.