El intendente de Río Grande cuestionó la decisión del Gobierno nacional y acusó al Gobierno provincial de propiciarla por “desorden administrativo y falta de planificación”.
Martín Pérez advirtió que “la medida no solo afecta a Ushuaia, sino a toda la provincia, incluida Río Grande, porque compromete una infraestructura clave para la actividad productiva fueguina”.
A dos semanas de haber sido intervenido el puerto de Ushuaia por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación – ANPyN -, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, marcó públicamente una postura contundente frente a la medida dispuesta por el Gobierno nacional, a la que calificó como “ilegítima e ilegal” y que, según advirtió “deja a Tierra del Fuego sin un puerto propio”.
Si bien el mandatario municipal repudió la decisión adoptada desde Nación, también responsabilizó al gobernador Gustavo Melella por “la falta de orden y planificación de la administración provincial al facilitar este tipo de avances sobre recursos estratégicos”.
Pérez remarcó que “la intervención no solo impacta en Ushuaia, sino que tiene consecuencias directas en toda la provincia, incluida Río Grande, al comprometer una infraestructura clave que forma parte del patrimonio histórico y productivo de los fueguinos”. En ese marco, expresó también su preocupación por la situación laboral de los trabajadores portuarios “porque quedaron inmersos en un escenario de incertidumbre”.
“El puerto es de los fueguinos y debe ser defendido como tal”, reiteró el jefe comunal riograndense, al tiempo que vinculó la decisión del Gobierno nacional con “debilidades internas en la gestión provincial”. En ese sentido, subrayó que “sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos”, en alusión directa al rol que, a su entender, tuvo el Ejecutivo fueguino en el desenlace del conflicto.
El intendente riograndense también planteó “la necesidad de ordenar prioridades y mejorar la eficiencia en la administración pública como herramienta para resguardar la soberanía provincial, sin recurrir a políticas de ajuste ni a la lógica de la motosierra”.
Pérez señaló finalmente que “cuando no hay orden ni eficiencia, se habilita el avance sobre lo que nos pertenece” y enfatizó: “Una gestión sólida, transparente y eficiente es la mejor defensa frente a intentos de intervención externa sobre bienes estratégicos”.