La causa sigue empantanada porque las víctimas temen represalias.
Tres internos, padre e hijo junto a otro joven, permanecen alojados en la Alcaidía de Ushuaia por razones de seguridad. La investigación, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramatti, busca establecer si personal del Servicio Penitenciario permitió deliberadamente el brutal ataque cometido por alrededor de ocho reclusos.
La causa judicial que investiga la brutal agresión sufrida por tres internos dentro de la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande continúa sin avances decisivos debido a que las víctimas se niegan a declarar por temor a represalias, en un expediente que además intenta determinar si existió colaboración o consentimiento por parte del personal penitenciario para concretar el ataque.
La investigación está a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y cuenta con intervención del fiscal Mayor Martín Bramati. El expediente comenzó por las graves lesiones sufridas por Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18, aunque con el avance de las medidas judiciales derivó en una pesquisa de mucha mayor complejidad que hoy alcanza a integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos el director del establecimiento, Raúl Ciares.
Los hechos investigados ocurrieron el 9 de mayo pasado, cuando los tres hombres fueron ingresados al pabellón B de la unidad carcelaria. Todos habían sido detenidos por una causa iniciada una semana antes a raíz de una presunta agresión con arma blanca ocurrida en la Margen Sur, por el robo de una bicicleta.
Según señalaron familiares de los internos atacados, antes del traslado habían advertido a las autoridades penitenciarias sobre posibles represalias, debido a que la persona vinculada al ilícito del rodado tendría familiares directos alojados en el mismo pabellón. Dichas advertencias – sostienen – no fueron consideradas.
La hipótesis judicial indica que, una vez producido el ingreso, al menos ocho internos habrían participado de una violenta agresión que se extendió durante varias horas sin una intervención efectiva del personal de custodia.
La investigación intenta establecer además si durante ese lapso existieron irregularidades en los sistemas de vigilancia, eventuales sectores sin control o algún grado de connivencia entre internos y agentes penitenciarios.
Cabe destacarse que las sospechas se profundizaron cuando, al requerirse precisiones oficiales sobre lo ocurrido, desde la institución penitenciaria se informó que no había sido posible identificar a los agresores pese a tratarse de un establecimiento que cuenta con monitoreo permanente y sistemas de videovigilancia.
Ante ese escenario, la pesquisa dejó de concentrarse únicamente en los internos señalados como autores materiales y comenzó a incorporar responsabilidades funcionales.
En ese marco, el miércoles 10 de junio la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos: siete en domicilios vinculados a agentes penitenciarios bajo investigación y uno dentro del propio pabellón donde ocurrió el hecho.
El operativo fue encabezado por la magistrada Cataldo junto a efectivos de Servicios Especiales y Policía Científica. Durante las medidas se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para el expediente. También se realizaron inspecciones y registros fotográficos dentro del pabellón, donde se habrían detectado manchas de sangre.
Uno de los puntos centrales ahora pasa por el análisis de los teléfonos secuestrados, ya que podrían aportar datos sobre eventuales comunicaciones entre internos y personal penitenciario.
Los tres detenidos sufrieron fracturas en el rostro y el tórax, además de múltiples lesiones traumáticas, por lo que debieron recibir atención médica en el Hospital Regional Río Grande. Posteriormente fueron trasladados a la Alcaidía Central de Ushuaia, donde permanecen alojados por razones de seguridad. Hasta el momento ninguno de ellos accedió a formalizar denuncia alguna ni identificó a los agresores. Las autoridades judiciales intentaron tomarles declaración con asistencia de equipos técnicos del Poder Judicial, pero las entrevistas debieron ser postergadas debido al temor extremo manifestado, ante posibles represalias.
De acuerdo con la hipótesis que analiza la Justicia, al menos ocho internos del pabellón B aparecen bajo sospecha de haber participado de la agresión. Se trata de Leandro Soto, Luis Marcelo Saldivia, Maximiliano Perpeto San Justo, Enoc Perpeto, David Ojeda, Gastón Olarte, Tadeo Calderón y Maximiliano Malcovic, quienes son investigados como presuntos autores del ataque. La pesquisa intenta determinar el grado de participación de cada uno y si actuaron con algún tipo de facilitación o consentimiento por parte del personal penitenciario de guardia.
La causa mantiene secreto de sumario y continúa bajo investigación.