Una reflexión sobre la Justicia de Familia en Ushuaia.
Hay historias que nunca llegan a los expedientes judiciales. No aparecen en las resoluciones, no figuran en los escritos y muy rara vez encuentran espacio dentro de las audiencias. Sin embargo, existen. Ocurren todos los días, en silencio, lejos de los papeles y de las formalidades procesales.
A menudo, en Ushuaia, mientras el viento golpea las ventanas y la nieve cubre los techos, un hombre acomoda una frazada sobre un sofá prestado. Otras veces comparte una pequeña habitación en la casa de sus padres junto a sus hijos. Hace apenas unos días tenía un hogar, una rutina y una vida familiar organizada. Hoy intenta comprender cómo reconstruirla. No sabe cuándo volverá a entrar a su casa, cuándo volverá a compartir un desayuno cotidiano con sus hijos o cuándo podrá ayudarlos con la tarea antes de acostarlos. Solo sabe que una decisión judicial modificó radicalmente su realidad, muchas veces sin siquiera haber podido defenderse, expresarse, dar su versión de los hechos que provocaron esa situación.
Pero también existen otras historias. Mujeres que llegan aterradas a los tribunales buscando protección. Madres que necesitan respuestas urgentes. Niños atrapados en conflictos que jamás eligieron vivir. Familias enteras atravesando situaciones de violencia, abandono o ruptura. Todo eso convive diariamente en los pasillos de los juzgados de familia.
Por eso el fuero de Familia es diferente. Allí no se discuten solamente derechos ni se interpretan únicamente normas jurídicas. Allí se decide sobre vínculos humanos, sobre hijos, hogares, afectos y ausencias. Se interviene en uno de los momentos más difíciles que puede atravesar una persona. Y precisamente porque las decisiones que allí se toman tienen un impacto tan profundo en la vida de las familias, resulta legítimo preguntarse si el sistema refleja adecuadamente la pluralidad de miradas que existen en nuestra sociedad.
En Ushuaia actualmente los Juzgados de Familia se encuentran a cargo de magistradas mujeres. Las secretarías también son ejercidas por mujeres y los principales espacios de decisión dentro del fuero están ocupados exclusivamente por mujeres.
La aclaración que sigue es necesaria. Esta reflexión no pretende cuestionar la capacidad, la honestidad ni la preparación profesional de ninguna jueza ni funcionaria judicial.
Sería injusto hacerlo. Todas han llegado a sus cargos por sus méritos y trayectoria. Sin embargo, justamente porque la discusión es seria, merece ser planteada con honestidad intelectual.
La pregunta no está apuntada hacia las personas. Está dirigida al diseño institucional.
Vivimos en una época en la que hablamos permanentemente de diversidad, representación y pluralidad. Puntualmente, de pluralidad de género. Y al respecto celebramos la incorporación de distintas perspectivas en la política, en las universidades, en las empresas y en los organismos públicos. Entendemos que las instituciones se enriquecen cuando conviven experiencias diferentes y cuando los espacios de decisión reflejan la complejidad de la sociedad a la que sirven.
Ahora bien, si consideramos valiosa esa diversidad en tantos ámbitos ¿por qué habría de resultar irrelevante cuando hablamos de la Justicia de Familia?.
Existe allí una paradoja que merece ser analizada. Hemos incorporado la diversidad como un valor institucional en casi todos los espacios de la vida pública, pero pocas veces nos preguntamos si esa misma lógica debería aplicarse a un fuero que toma decisiones trascendentales sobre padres, madres, hijos y familias enteras.
Los jueces no son máquinas ni programas informáticos que aplican fórmulas matemáticas. Son seres humanos llamados a intervenir en conflictos profunda y exclusivamente humanos. Y cuanto más humanas son las decisiones, más valiosa parece resultar la existencia de miradas diversas.
Ningún género posee el monopolio de la comprensión de los conflictos familiares. Las experiencias masculinas y femeninas son diferentes, del mismo modo que son diferentes las experiencias de quienes ocupan distintos lugares dentro de una familia. Justamente por eso la diversidad suele fortalecer a las instituciones. No porque una mirada sea mejor que otra, sino porque ninguna mirada alcanza por sí sola.
Después de algunos años ejerciendo la profesión en Tierra del Fuego he visto situaciones de todo tipo. He visto mujeres encontrar en una resolución judicial la protección que necesitaban; a niños recuperar estabilidad gracias a una intervención oportuna de la Justicia y la aplicación de medidas que probablemente evitaron daños irreparables. Pero también, y no menos importante por los actores intervinientes, he visto a padres llorar al finalizar una audiencia y tener que reconstruir su vida desde cero después de una exclusión del hogar. He visto hombres salir de tribunales sin saber dónde dormirían esa noche. He visto abuelos sin poder ver a sus nietos. He visto niños preguntando por qué ya no podían compartir la cotidianeidad con su papá.
Y he aprendido algo que los abogados aprendemos muy rápido: detrás de cada expediente existe una historia infinitamente más compleja que la que cabe dentro de una resolución judicial.
Por eso existe una pregunta que pocas veces aparece en el debate público y que, sin embargo, merece ser formulada: ¿quién escucha a los padres cuando los padres necesitan ser escuchados?.
No me refiero a los casos donde existen situaciones de violencia o incumplimientos. Me refiero a aquellos hombres que ejercen activamente su rol parental, que sostienen a sus hijos, que los acompañan todos los días y que, aun así, muchas veces sienten que sus experiencias quedan invisibilizadas dentro de los procesos judiciales.
Escucharlos no implica darles la razón. Implica reconocer que también forman parte de la realidad que la Justicia de Familia debe comprender.
No afirmo que esa percepción sea necesariamente correcta. Pero sí afirmo que existe. Y cuando una percepción social se vuelve recurrente, las instituciones tienen la obligación de escucharla. No para aceptarla automáticamente, sino para comprender sus causas.
La confianza pública en la Justicia no depende únicamente de la imparcialidad real de las decisiones. También depende de que los ciudadanos perciban que son escuchados, comprendidos y tratados con igualdad. Porque la Justicia no administra solamente expedientes. Administra confianza. Y la confianza es uno de los bienes más valiosos que puede tener cualquier institución democrática.
Quizás el problema no sea quién ocupa los cargos. Quizás la verdadera discusión sea si determinadas experiencias humanas encuentran representación suficiente dentro de los espacios donde se toman las decisiones. Porque cuando todas las voces provienen de lugares similares, existe el riesgo de que algunas realidades resulten menos visibles. No por mala fe. No por ideología. No por incapacidad. Simplemente porque todos los seres humanos observamos el mundo desde nuestra propia experiencia.
Quizás la pregunta más incómoda de todas sea también la más sencilla.
¿Puede un fuero llamado a decidir cotidianamente sobre padres, madres, hijos, vínculos familiares, exclusiones del hogar, regímenes de comunicación y cuidado personal funcionar durante años sin una sola voz masculina en sus espacios de decisión?.
No planteo la pregunta porque crea que los hombres decidirían mejor.
Tampoco porque considere que las mujeres deciden peor.
La planteo porque resulta difícil sostener que la diversidad es un valor institucional en todos los ámbitos de la vida pública y, al mismo tiempo, afirmar que resulta completamente irrelevante cuando se trata de la Justicia de Familia.
Si creemos que las instituciones se enriquecen con la convivencia de experiencias distintas, entonces parece razonable preguntarnos si una mayor pluralidad de miradas también podría fortalecer la legitimidad y la confianza pública en un fuero que interviene sobre algunos de los aspectos más sensibles de la vida humana.
La Justicia de Familia tiene una responsabilidad enorme. Trabaja sobre aquello que más duele: los hijos, las separaciones, la violencia, las ausencias, los afectos y los proyectos familiares que se rompen.
Por eso quizás haya llegado el momento de abrir un debate sereno, respetuoso y sincero acerca de la importancia de la pluralidad dentro de los espacios de decisión judicial.
No para enfrentar hombres contra mujeres. No para cuestionar a quienes hoy ejercen la magistratura. No para retroceder en ningún derecho conquistado. Sino para fortalecer la legitimidad de una institución que interviene en los momentos más delicados de la vida de las personas.
Porque cuando alguien atraviesa las puertas de un juzgado de familia rara vez lleva solamente un expediente bajo el brazo. Lleva angustias, miedos, incertidumbres y expectativas. Lleva, sobre todo, la esperanza de ser escuchado.
Y ninguna persona debería sentir que su historia vale menos que la de otra al momento de ser oída.
Porque la verdadera igualdad consiste en construir instituciones donde todas las voces tengan la posibilidad de ser escuchadas.
Y porque cuando se trata de decidir sobre hijos, familias y vínculos humanos, la pluralidad de perspectivas no debería ser considerada una amenaza.
Debería ser entendida como una garantía más de justicia.
* Abogado, Matrícula Profesional Nro. 982 del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, CPAU.