Con 17 días de plazo crece la presión para frenar la convocatoria a elecciones.
El Ejecutivo fueguino aún no anunció si convocará a comicios para elegir convencionales constituyentes pero desde distintos espacios de poder comenzaron a cuestionar el costo político y económico del proceso.
Al 22 de abril faltarán 17 días para que venza el plazo establecido para que el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego avance con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, paso necesario para poner en marcha el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial habilitado por la Ley 1.529.
La norma, sancionada por la Legislatura, declaró la necesidad de introducir modificaciones parciales en la Carta Magna fueguina y fijó los mecanismos institucionales para su desarrollo, entre ellos la elección popular de quienes tendrán a su cargo el debate y eventual sanción de los cambios propuestos.
Hasta el momento, desde el Ejecutivo fueguino no hubo manifestaciones públicas respecto de una eventual convocatoria. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a escucharse distintas voces que se oponen de manera terminante a que la provincia avance hacia una elección para modificar la Constitución sancionada en 1991.
Una de esas posturas fue expresada por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien planteó la necesidad de postergar cualquier debate constitucional hasta el año 2028. Según sostuvo, impulsar una elección en el actual escenario de crisis solo serviría para alimentar la “antipolítica” y profundizar el descreimiento social hacia los representantes institucionales. “No es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones”, manifestó.
En el mismo sentido se expresó el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, quien describió un panorama provincial marcado por altos índices de desempleo, cierre de fábricas y trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes debido al deterioro salarial. “Que frente a todo ese escenario se decida en los próximos días convocar a una elección a convencionales constituyentes sería una falta de respeto muy grave a todos los fueguinos. No tenemos plata para ese gasto de la política innecesario e inoportuno”, afirmó.
También hizo pública su postura adversa la abogada Liliana Fadul, presidente del partido Somos Fueguinos y diputada nacional mandato cumplido, quien calificó de “incongruente” un eventual llamado a elecciones. “Yo pregunto: ¿El problema de OSEF, del puerto, de los salarios o de la educación es por la Constitución?”, planteó. Y agregó: “La gente tiene problemas concretos hoy y esto no los va a resolver. Esos son los problemas de fondo que se deben resolver con urgencia y no llamar a una elección que le costaría a la provincia muchísimos millones de pesos”.
Fadul también rechazó de manera expresa la posibilidad de que una eventual reforma habilite cambios vinculados a la actual prohibición constitucional de emitir cuasimonedas o bonos de circulación, como ocurrió en distintos momentos de la historia económica argentina con instrumentos tales como los Patacones en la provincia de Buenos Aires, los Lecop de alcance nacional, los Cecacor en Corrientes, los Federales en Entre Ríos o, más recientemente, los Chachos impulsados en La Rioja, emitidos como alternativa frente a severas restricciones financieras y de liquidez.
Con el calendario avanzando, la expectativa política se concentra ahora en la decisión que adopte el Ejecutivo respecto del llamado formal a comicios, instancia indispensable para dar continuidad al proceso abierto con la sanción legislativa.