La eliminación del Art. 71 de la Constitución Provincial del 91 permitiría abonar salarios y cumplir otras obligaciones, no necesariamente con pesos.
Los Chachos, de La Rioja. Circularon desde julio a diciembre de 2024. El Gobierno los destinó al pago de salarios y se usaron también en comercios adheridos. Fue la primera cuasimoneda en Argentina en más de 20 años y la única hasta ahora durante la gestión de Javier Milei.
La Ley 1529, que habilitó la reforma parcial de la Constitución fueguina, puso bajo revisión el artículo 71, la norma que hoy impide reemplazar la moneda de curso legal por bonos o títulos. En medio de la crisis de caja, la asistencia nacional para pagar salarios y los reclamos millonarios de los municipios por fondos atrasados, esa decisión abrió una discusión sensible sobre un límite constitucional que, si fuera removido, dejaría de cerrar una puerta que hoy permanece expresamente bloqueada.
La posibilidad de reformar la Constitución de 1991, cuyo vencimiento operará el próximo 8 de mayo para ser impulsado por el Ejecutivo, volvió a quedar en el centro de la discusión política. Y no por una cuestión menor. Entre los artículos alcanzados por la Ley 1.529 aparece el 71, una cláusula que establece una prohibición expresa dentro del texto constitucional fueguino: la imposibilidad de crear bonos u otros títulos que tengan como objeto reemplazar la moneda de curso legal.
Ese punto, que en otro contexto podría leerse como un tecnicismo jurídico, adquiere hoy un peso político mucho mayor. La provincia atraviesa una situación de fuerte presión sobre la caja, Nación analiza mecanismos de asistencia para garantizar el pago de haberes y los municipios vienen denunciando atrasos millonarios en la remisión de fondos. En ese escenario, que el artículo 71 haya quedado bajo revisión deja de ser un dato secundario.
La redacción vigente de la Constitución es clara. El artículo 71 prohíbe “la creación de bonos y otros títulos públicos o privados que tengan como objeto el reemplazo de la moneda de curso legal”. Mientras esa cláusula permanezca intacta, cualquier instrumento de ese tipo choca contra un límite constitucional expreso. Pero si la futura Convención Constituyente decidiera modificarla, atenuarla o eliminarla, ese freno dejaría de operar en los términos actuales.
Ahí es donde la reforma deja de ser una discusión puramente institucional. Porque una cosa es una provincia con dificultades financieras y otra muy distinta sería una provincia con dificultades financieras que, además, avanzara sobre la cláusula que hoy le impide recurrir a bonos o títulos para sustituir la moneda de curso legal. La reforma, por sí sola, no pondría una cuasimoneda en la calle pero sí podría despejar una prohibición que hoy funciona como candado constitucional.
El contexto, además, empuja la lectura política de ese cambio. Tierra del Fuego aparece entre las provincias alcanzadas por el análisis de asistencia nacional para cubrir necesidades de caja y sostener el pago de salarios. Al mismo tiempo, la discusión financiera ya bajó con fuerza a los municipios. Ushuaia denunció una deuda provincial de $11.038 millones en coparticipación, equivalente a cuatro masas salariales, mientras que Río Grande también reclama atrasos por más de $12 mil millones en la remisión de fondos.
Con ese cuadro, revisar el artículo 71 deja de ser un detalle técnico y pasa a abrir una discusión concreta sobre qué herramientas podría tener a mano el Estado provincial en un escenario de asfixia financiera. No se trata de afirmar que la reforma vaya a derivar automáticamente en una cuasimoneda, sino de señalar que, si esa cláusula fuera removida, una barrera que hoy existe de manera expresa podría desaparecer.
El antecedente que inevitablemente sobrevuela esa discusión es La Rioja. Allí, la reaparición de una cuasimoneda volvió a meter en agenda una salida que parecía archivada en la política argentina. Por eso, en Tierra del Fuego, la sola revisión del artículo 71 ya no puede leerse como una modificación neutra dentro del diseño constitucional. En el contexto actual, cualquier cambio sobre esa cláusula cargará con una lectura política mucho más amplia.
Colaboración de: Viento Austral.