En uno de ellos el monto llega a los dos millones de pesos y ya se han trabado embargos. El beneficiario deberá iniciar los trámites “en otra caja”, dijo. No descartó modificaciones al régimen si no hay forma de financiar el déficit.
El presidente de la caja de previsión, Rubén Bahntje, dio a conocer la revisión profunda que están realizando sobre las jubilaciones otorgadas, con cuatro casos en los que se están trabando embargos a los beneficiarios, quienes deberán devolver el dinero e iniciar los trámites en otra caja.
Separó estos casos del “10% de los estatales fueguinos que se jubiló por la ley 460, con cinco años de aportes. En este caso hay derechos adquiridos, salvo que la jubilación haya sido mal otorgada”, indicó.
De las jubilaciones que caen y obligan a devolver el dinero “hay unos pocos casos en los que se inició una acción de lesividad ante el Superior Tribunal y se ha revocado el acto, que era de nulidad absoluta. Hay un caso de dos millones de pesos”, dijo de estas jubilaciones que no cumplían con los requisitos.
Negó derechos adquiridos porque “como cualquier acto administrativo, si está viciado en sus orígenes, el acto es nulo. Hay cuatro casos concretos, en uno se está trabajando con embargos y hay pedidos al Banco Central para notificar a las entidades financieras y trabar embargos. Si estuvo mal otorgada, se revoca el acto y seguramente si tiene la edad podrá iniciar el trámite en otra caja. La caja no revoca derechos sino que la justicia determina si corresponde o no, y estamos haciendo una revisión profunda de todas las jubilaciones otorgadas”, dijo.
“En las revisiones se detectaron otras anomalías, porque se deberían haber otorgado tres o cuatro meses después”, pero continuarán percibiendo los haberes.
Bahntje adelantó que “se enviará un informe consolidado a la Legislatura para que tengan una foto de lo que pasó, y qué impacto económico tuvo. En el caso puntual de la 460, la ley establecía que debían seguir haciendo el aporte hasta cumplir los requisitos, pero internamente hubo una interpretación que no se ajusta a derecho. El promedio da que todos aportaron casi un año menos. La jubilación no sería lesiva, pero hubo un daño a la caja de todo ese universo de personas, donde faltó un año del aporte y se hicieron compensaciones que no correspondían”.
“Ya pasaron 16 años, porque son jubilaciones otorgadas en 2002 y 2003. Hay jubilaciones que no se debieron otorgar en ese momento, pero sí uno, dos o tres años después, con lo cual igual se hubieran jubilado”, planteó.
Remarcó que “la ley previsional no da margen para interpretaciones subjetivas. Hay que cumplir con requisitos de edad, de aportes y de servicios”, pero no habría consecuencias para los funcionarios que en su momento otorgaron mal el beneficio porque “están prescriptos todos los casos”, dijo ante el tiempo transcurrido.
“En el caso de la 460 hubo errores en la caja otorgante que generaron un perjuicio y esa jubilación la paga todo el conjunto, y hace 17 años están cobrando. Por la 460, a valores de hoy, se han pagado más de tres mil millones de pesos”, estimó, reiterando que en este caso no hay marcha atrás porque el marco legal habilitaba el otorgamiento.
Consultado acerca de si analizan más cambios al régimen previsional, no lo descartó: “Se está hablando de cómo se financia el déficit y en la reunión con la Legislatura veremos cuál es la conclusión sobre el artículo 23 de la ley 1070”, por la cual el déficit debe ser cubierto por cada organismo que lo genera.
“Si no hay posibilidad de cubrirlo, por ejemplo, en el caso del Municipio de Ushuaia donde el monto estimado es de cien millones, habrá que buscar otra herramienta en la Legislatura. Es importante la decisión de todos los actores de sostener el sistema provincial, pero las decisiones se sostienen con recursos”, advirtió.
“Si mañana la Legislatura dice que no van a estar las fuentes de financiamiento, de algún lado hay que cubrirlo, por eso no está descartado que se modifique nada en la provincia. El sistema previsional varía permanentemente y, si la decisión es mantener la cantidad de empleados -y aportantes a la caja- habrá que buscar otro financiamiento. Todo lo que está establecido en la ley 1068 desaparece el 8 de enero y, de hecho, no está presupuestado”, dado que “está previsto el financiamiento por organismo”, concluyó.
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