Debate por la reforma constitucional en Tierra del Fuego
El constitucionalista cuestionó el intento de dejar sin efecto la convocatoria a convencionales y alertó sobre el impacto institucional y jurídico de retroceder en el proceso.
En medio de la discusión política por la reforma de la Constitución fueguina, el constitucionalista Daniel Sabsay fue categórico al sostener que no es posible interrumpir el proceso ya iniciado. “Absolutamente no, ya no se puede interrumpir”, afirmó en declaraciones radiales.
El jurista se refirió al camino abierto en 2023, cuando la Legislatura declaró —con mayoría agravada— la necesidad de una reforma parcial de la Carta Magna. Ese proceso fue judicializado y, tras un extenso período, el Superior Tribunal de Justicia habilitó su continuidad. En ese marco, el Poder Ejecutivo avanzó recientemente con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes mediante decreto publicado en el Boletín deicial.
Sin embargo, un sector político impulsa ahora en la Legislatura un dictamen para dejar sin efecto esa convocatoria. Frente a esta posibilidad, Sabsay advirtió que se trataría de una medida “abiertamente inconstitucional” y que incluso podría derivar en un caso federal ante la Corte Suprema.
El especialista explicó que la ley que declara la necesidad de reforma no es una norma ordinaria, sino una herramienta excepcional vinculada al ejercicio del poder constituyente. En ese sentido, sostuvo que se trata de una “ley especial” que, una vez sancionada, no puede ser dejada sin efecto por los mismos poderes que la dictaron.
Asimismo, remarcó que con la convocatoria ya formalizada se generan derechos políticos tanto para los candidatos como para el electorado. “Derogar eso sería defraudar expectativas y confundir totalmente al electorado”, planteó, al tiempo que subrayó que “los que importan son los gobernados”.
Sabsay también aclaró que los convencionales, una vez electos, sí podrían decidir no avanzar con modificaciones, pero no alterar los límites fijados en la declaración de necesidad ni retrotraer el proceso.
Finalmente, vinculó el escenario con un problema estructural: la inseguridad jurídica. Según advirtió, este tipo de marchas y contramarchas impacta negativamente en la economía y en la generación de empleo. “No puede ser que el proceso electoral vaya y venga. El rumbo debe ser construir un escenario de seguridad jurídica”, concluyó.