Escala el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y suma un actor de peso.
Tras la convocatoria del Ejecutivo a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, la Legislatura derogó la ley que sustenta el proceso de reforma constitucional. El letrado constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que la Legislatura no puede desactivar la convocatoria a elecciones con una derogación posterior.
El inédito escenario político y jurídico abierto en Tierra del Fuego tras la puja entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura por la reforma de la Constitución provincial sumó en las últimas horas la mirada del constitucionalista Daniel Sabsay, quien fue categórico al analizar la situación.
“Absolutamente no. Ya no se puede interrumpir el proceso de reforma constitucional”, afirmó el abogado especializado en Derecho Constitucional al ser consultado sobre la decisión legislativa de derogar la ley que habilitó la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
La controversia se desató luego de que el gobernador Gustavo Melella firmara el miércoles 29 de abril el decreto que convocó formalmente a elecciones para el próximo 9 de agosto, dando así inicio al proceso electoral para avanzar con la reforma parcial de la Carta Magna fueguina. Sin embargo, apenas 24 horas después, la misma Legislatura que en diciembre de 2023 había aprobado la Ley 1529 declarando la necesidad de la reforma, modificó su postura y sancionó una nueva norma para dejar sin efecto aquella herramienta.
Ante esa decisión, el mandatario provincial anunció que vetará la derogación y ratificó que el cronograma electoral seguirá adelante.
Para Sabsay, el dato central es precisamente la existencia del decreto de convocatoria, ya publicado en el Boletín deicial, lo que le otorga plena operatividad jurídica al proceso.
“Ya hubo una decisión claramente tomada con una mayoría además muy calificada, ya que se trata de legisladores”, señaló.
Y agregó: “No se puede dar marcha atrás porque se estaría afectando una elección, defraudando expectativas de quienes deseen participar como candidatos, confundiendo totalmente al electorado y creando un escenario de extrema inseguridad jurídica”.
El constitucionalista remarcó que, más allá de las disputas políticas circunstanciales, el eje debe estar puesto en los ciudadanos.
“Aunque acá no puede pensarse un proceso electoral a favor de quienes pudieran ser elegidos, quienes verdaderamente importan son los gobernados, no los gobernantes. Para los gobernados todo esto es una confusión total. Esto ya no se puede retrotraer”, sostuvo.
Sabsay también planteó reparos respecto de la vía que evalúa el Ejecutivo para responder institucionalmente al movimiento legislativo.
Según explicó, si la norma sancionada por la Legislatura resulta jurídicamente inválida por haber sido dictada fuera del marco constitucional correspondiente, el gobernador no debería vetarla.
“Es una ley que tampoco puede ser vetada, porque el gobernador no podría vetar algo que antes no debió ser intervenido por los legisladores”, explicó.
En ese sentido, advirtió que avanzar con un veto implicaría convalidar formalmente una herramienta que, a su criterio, carecería de validez desde su origen.
“De hacerlo estaría incurriendo en el mismo error cometido por los legisladores: pretender inhabilitar una normativa viciada”, explicó.
El jurista también puso el foco en las consecuencias institucionales del conflicto y subrayó la necesidad de preservar reglas claras.
“La seguridad jurídica exige previsibilidad y respeto por las etapas formales. Cuando esas reglas se alteran por conveniencias coyunturales, se genera incertidumbre”, indicó.
La observación cobra especial relevancia en Tierra del Fuego, donde 11 legisladores votaron a favor de dejar sin efecto una norma que el mismo cuerpo había aprobado tres años atrás y un día después de que el proceso electoral ya había sido activado por decreto.
Mientras el gobernador anticipa el veto y la oposición sostiene la validez de la derogación, la provincia transita un escenario sin antecedentes, con un conflicto que podría escalar nuevamente a la Justicia y cuyo desenlace definirá no sólo el futuro de la reforma constitucional, sino también los límites institucionales entre poderes.