Se aprobó la polémica ley educativa

Con voto doble y posturas legislativas divididas. El proyecto se aprobó tras un empate en la Legislatura resuelto por Victoria Vuoto. El Banco de Tierra del Fuego pagará un nuevo impuesto del 3% y Camuzzi deberá pagar una alícuota del 3,4% sobre los Ingresos Brutos.

El martes 17 de noviembre último, la  Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la creación del Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, una ley que establece nuevas fuentes de recursos, metas progresivas de inversión y mecanismos de seguimiento para sostener el funcionamiento de las escuelas públicas.

La iniciativa fija como objetivo alcanzar, en un plazo de cinco años, una inversión educativa equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. Para llegar a esa meta establece una escala progresiva: 4,5% durante el primer año; 4,95% en el segundo; 5,7% en el tercero; 6,6% en el cuarto y 7,8% en el quinto ejercicio fiscal.

Ese objetivo deberá incorporarse obligatoriamente a la elaboración y tratamiento de los presupuestos provinciales. Además, la norma mantiene el piso de inversión del 35% de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, previsto en la Ley provincial 1018.

De dónde saldrán los recursos

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la creación de dos fondos: el Fondo Provincial de Infraestructuras y el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE).

El primero se nutrirá de una alícuota del 3,4% sobre los Ingresos Brutos aplicada a la empresa distribuidora de gas en la provincia, que es Camuzzi. De lo recaudado, el 40% se destinará a infraestructura educativa, mantenimiento, mejoras y accesibilidad de los establecimientos, mientras que el 60% restante financiará obras de redes de distribución de gas natural y conexiones domiciliarias.

La norma contempla, sin embargo, una condición: si el organismo regulador nacional autoriza trasladar ese costo a las tarifas de los usuarios, la alícuota dejará de cobrarse automáticamente.

La segunda fuente de financiamiento específica será una alícuota del 3% sobre los Ingresos Brutos aplicada al Banco de Tierra del Fuego. En este caso la ley establece expresamente que la entidad no podrá trasladar ese costo a los servicios ni a los gastos financieros que cobra a sus clientes.

El Fondo de Financiamiento Educativo, por su parte, tendrá carácter permanente y estará destinado exclusivamente al sistema educativo provincial. Además de los recursos provenientes de la alícuota al Banco de Tierra del Fuego y del 40% del Fondo Provincial de Infraestructuras asignado a Educación, recibirá otros ingresos provinciales.

Entre ellos figuran recursos adicionales provenientes de actividades productivas o económicas estratégicas, una parte de los incrementos de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, hasta el 10% de las utilidades distribuibles de empresas estatales y fondos vinculados al Hidrógeno Verde, la Economía del Conocimiento y la actividad de Terra Ignis Energía S.A.

También se incorporarán recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales que ya tienen afectación educativa. La ley aclara que esos importes deberán registrarse de manera diferenciada y computarse una sola vez, para evitar que se presenten como dinero nuevo fondos que ya se destinaban a Educación.

Cómo se distribuirá el dinero

La ley establece una distribución orientativa de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo: el 40% para fortalecer los salarios docentes, otro 40% para mantenimiento, servicios, mejoras y nueva infraestructura escolar, y el 20% restante para equipamiento tecnológico, materiales pedagógicos y herramientas didácticas.

No obstante, esos porcentajes no son rígidos. El propio texto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificarlos, por lo que la distribución efectiva podrá variar según las decisiones de gestión.

En materia salarial, se establece un mecanismo de seguimiento de la remuneración del cargo docente testigo y su comparación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El Gobierno deberá publicar trimestralmente esos valores y la brecha porcentual entre ambos parámetros.

La norma también obliga al Ministerio de Educación a planificar anualmente la planta docente, teniendo en cuenta la matrícula, las características de cada establecimiento y las necesidades pedagógicas. Aclara que la relación entre cantidad de alumnos, cargos y horas cátedra no podrá utilizarse automáticamente para reducir puestos de trabajo.

Sobre los controles

Otro capítulo de la ley está dedicado a la transparencia. Se crea un Observatorio de Financiamiento Educativo, integrado por representantes de la Legislatura, los ministerios de Educación y Economía, la Agencia de Recaudación Fueguina y los trabajadores del sector.

El organismo tendrá funciones de seguimiento, monitoreo y elaboración de recomendaciones, aunque sus decisiones no serán vinculantes y no tendrá facultades para administrar los fondos.

Además, el Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura informes trimestrales sobre la recaudación de cada fuente, los montos transferidos al fondo, la ejecución de los recursos y los saldos disponibles. También tendrá que informar la evolución salarial, las inversiones en infraestructura y equipamiento y el nivel de inversión educativa consolidada.

La ley incorpora, asimismo, la obligación de elaborar un programa de mejora educativa con una proyección de cinco años, que deberá establecer prioridades, metas anuales verificables, acciones, responsables y recursos necesarios. Ese programa deberá estar listo dentro de los 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma.

Una votación dividida

La aprobación se produjo en una votación dividida que terminó empatada y debió resolverse mediante el voto doble de desempate de la legisladora justicialista Victoria Vuoto, quien se encontraba en ejercicio de la presidencia de la Cámara.

Acompañaron la iniciativa Laura Colazo, Myriam Martínez, Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Juan Carlos Pino y Victoria Vuoto. El legislador Raúl von der Thusen estuvo ausente por razones familiares.

En rechazo votaron Natalia Gracianía y Luciano Selzer, de La Libertad Avanza; Matías Lapadula, de Provincia Grande; Damián Löffler y Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino; Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, y Federico Sciurano, de la Unión Cívica Radical.