Todos fueron excarcelados, después de varios días de permanecer privados de la libertad.
El juez José Silvio Pellegrino se expidió sobre la situación procesal de los siete acusados en una primera instancia por los delitos de robo, agresión física, tormentos y privación ilegítima de la libertad, denunciados por un empresario al que todos los implicados habían contratado tiempo atrás para que les construyera sus viviendas.
En las últimas horas el titular del Juzgado de Competencia Ampliada de Tolhuin, se expidió sobre una causa que provocó gran conmoción entre los vecinos de la pequeña localidad, por estar implicados en la comisión de delitos graves, en una primera instancia, seis educadores y un policía.
Los hechos investigados se registraron el día sábado 11 de febrero en una vivienda de Tolhuin, pero fueron denunciados recién el día lunes 20 de febrero por el damnificado, quien adujo que demoró en presentarse ante las dependencias policiales porque estaba amenazado y tenía miedo.
Según pudo establecerse, las parejas de docentes conformadas por Eugenia Tamara Balceda y Fernando Daniel Palomino; María Constanza Marcos y Walter Alejandro Jorge y Lorena Mariela Moyano y Ricardo Guillermo Pera; y el policía Franco Sebastián Balceda, citaron a Pablo Leguizamón, integrante de la firma Grupo TDF, para intentar arribar a alguna solución luego de reclamarle reiteradamente que la empresa concluyera los trabajos de construcción de sus viviendas encomendados tiempo atrás. El empresario aceptó la invitación y el día lunes 20 de febrero viajó desde Río Grande a Tolhuin para dirigirse a una vivienda sita en la calle Garibaldi Honte N° 462, Dpto. 2, residencia de los docentes María Constanza Marcos y de Walter Alejandro Jorge, en donde fue recibido por las tres parejas y el efectivo policial.
Recién10 días más tarde, Pablo Leguizamón denunció que en el interior del inmueble fue primero agredido de palabra, luego le pegaron cachetazos, le arrojaron agua y le impidieron en todo momento retirarse del lugar. Finalmente, continuó consignando, cuando por fin logró salir a la calle, las mismas personas le sustrajeron un iPad del interior de su automóvil. El empresario añadió en su denuncia que en todo momento los agresores le advirtieron que sufriría duras represalias si contaba lo sucedido, por lo que decidió guardar silencio por varios días, hasta que finalmente decidió denunciar los hechos.
En consecuencia el juez Pellegrino ordenó a la Policía de Tolhuin que allanara cinco domicilios ubicados en el macizo 624 parcela 9 «B», residencia de los docentes Eugenia Tamara Balceda y de Fernando Daniel Palomino; en calle Garibaldi Honte N° 462, Dpto. 2, residencia de los docentes María Constanza Marcos y de Walter Alejandro Jorge; en calle Lucas Bridge N° 641, residencia de los docentes Lorena Mariela Moyano y de Ricardo Guillermo Pera; en el macizo N° 606, Parcela N° 9 y en calle 202 N° 779 del Barrio 9 de Octubre, domicilio del policía Franco Sebastián Balceda. Durante la ejecución de la medida judicial se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de todos los implicados, disponiendo el magistrado la inmediata detención de las siete personas, en carácter de incomunicadas. Los hombres fueron trasladados a Río Grande y las mujeres permanecieron en Tolhuin con prisión domiciliaria. Por su parte el policía Franco Sebastián Balceda quedó a disposición de la cúpula policial, apartado de sus funciones, con retiro de arma reglamentaria y trámite administrativo para proceder a su expulsión de la fuerza.
Es de destacarse que en los aparatos de telefonía queda claramente de manifiesto que el hecho denunciado por Leguizamón fue planeado con anticipación y en forma conjunta, lo que agrava la situación de los empleados públicos por la figura de la “premeditación”. Y si ello no fuera suficientemente grave, el haberle impedido a Leguizamón salir de la casa a la que fue convocado – según sus dichos – incorpora la figura de “privación ilegítima de la libertad”, a las que se sumó la de “tormentos” por las cachetadas infligidas y el agua arrojada al empresario. No obstante, en las últimas horas todos los cargos se redujeron a dos: amenazas y hurto, a la par de la autorización de la excarcelación.
Mientras tanto, compañeros de los seis docentes denunciados se pronunciaron en las redes sociales en su defensa, expresando que todos ellos son inocentes y víctimas de estafa por parte de la empresa constructora, cuyo co titular es el denunciante Pablo Leguizamón.
También la madre de Fernando Daniel Palomino, pareja de Eugenia Tamara Balceda, manifestó en los medios de prensa: “Son gente buena y honesta, quizás por eso les pasó esto, por entregarle dinero a este sinvergüenza que les robó impunemente”.
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