LAS MUNICIPALIDADES DE USHUAIA Y DE RIO GRANDE OBJETARON EL FALLO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA QUE CONCEDIO AL GOBIERNO PROVINCIAL LA FACULTAD DE COMENZAR A COBRARLE A LOS VECINOS UN GRAVAMEN QUE DESDE 1960 INGRESA A LAS ARCAS MUNICIPALES.
Ayer se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia el primero de los dos recursos extraordinarios, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la contienda existente entre los Ejecutivos municipales de Ushuaia y Río Grande, y por el otro, el Ejecutivo provincial, por el derecho a percibir el Impuesto Inmobiliario.
Acompañaron al abogado Antonio Hernández, encargado de la gestión, en el acto de presentación del recurso extraordinario que se hizo en sede del Superior Tribunal, el equipo legal del Municipio de Río Grande como así también el equipo legal del de Ushuaia encabezado por la abogada Victoria Vuoto.
Hernandez sostuvo que el fallo del máximo órgano de Justicia de Tierra del Fuego – que le dio la razón al Gobierno provincial – “es inconstitucional, arbitrario y de enorme gravedad institucional. Estamos ante un grave avance inconstitucional sobre la autonomía municipal porque todo se origina en la Ley 1075 que desconoce que el cobro del Impuesto Inmobiliario es de los Municipios de Ushuaia y de Río Grande desde 1960, luego reconocido en la Constitución provincial de 1991, que se consagra también en la Constitución Nacional y que expresamente lo determinan las Cartas Orgánicas tanto de Río Grande como de Ushuaia”.
El abogado calificó de “grosera” la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, adversa a los intereses de sus representados y exigió “que sea revisada y dejada de lado por tres motivos: porque está en conflicto una ley provincial que choca con la Constitución Nacional; es una sentencia arbitraria también en el proceso que fue irregular y porque se permitió que un organismo autárquico represente a la provincia. Acá se puso de relieve la gravedad institucional porque el Superior Tribunal de Justicia debería ser garante de la autonomía y no lo es”.
Sobre la posibilidad de que el máximo órgano judicial de Tierra del Fuego conceda la petición de elevar el planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el abogado indicó que “el Tribunal podrá conceder el recurso o no, pero queda claro que ambos municipios, con clara defensa de sus competencias, están defendiendo sus autonomías que son fundamentales para el sistema republicano y federal”.
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