La legisladora Myriam Martínez cuestionó la inacción de la presidencia de la Legislatura y responsabilizó a Mónica Urquiza de no poder poner en funcionamiento las comisiones. También dijo que no existe un protocolo para sesionar y pidió al oficialismo “que se deje de hablar y se pongan a escribir”.
Adelantó que pedirá la intervención del Fiscal de Estado para que se pronuncie ante el presunto abuso de autoridad del gobernador Melella, con el dictado del decreto 612 que establece la emergencia administrativa e informática en la provincia.
Este decreto según el propio oficialismo va a ser incorporado al proyecto de ley que ingresa hoy o a más tardar el lunes, según el legislador Daniel Rivarola, pero se deben sortear una serie de observaciones en función de facultades de las que habría hecho uso el gobernador, sin tenerlas.
“El Gobierno de la provincia fue notificado el 11 de mayo de la resolución del Tribunal de Cuentas, y el 13 de mayo el Fiscal de Estado notificó de otra resolución que hace referencia a esto. Están observados los artículos 7, 8, 12 y 17 del decreto provincial, donde se declara la emergencia administrativa e informática en la administración pública provincial”, dijo Martínez.
Puntualizó que el artículo 7 fue observado porque “modifica los procedimientos establecidos por ley y faculta a la Contadora General, al Subcontador General, al Tesorero y Subtesorero para hacer excepciones, entre ellas el pago de la coparticipación. Permite excepciones a las transferencias a otros poderes del Estado, entes autárquicos y municipios, cuando ya existen plazos fijados por la justicia”.
Respecto del artículo 8, dijo que “se evita el control previo que establece la ley 1.015, y permite que se hagan todas las compras y luego se hagan los controles posteriores. Ahí no sabemos qué se va a comprar, de qué manera se va a pagar, cuál es el valor, y no se sabe nada hasta que ya está todo ejecutado y el pollo está cocinado”, planteó la legisladora.
Por el artículo 12 “le da instrucciones a los entes autárquicos para implementar el expediente electrónico, que sabemos que tiene un costo bastante importante para el Estado provincial y esa información todavía no la tenemos y, con respecto al artículo 17, permite que todas las compras sean de forma directa, sin ningún tipo de control previo”, detalló.
Agregó que este decreto “es retroactivo, porque tiene fecha del 23 de abril de 2020 y declara la emergencia a partir del 16 de marzo, es decir que están salvando todos los actos que hicieron previamente y esto tampoco se puede hacer”.
“Yo voy a enviar una nota al Fiscal de Estado para que diga si el gobernador tiene atribuciones para hacer esto”, dijo, ante un presunto abuso de autoridad que se podría salvar si prospera el proyecto que transforma en ley este decreto.
Asimismo, cuestionó a la presidente de la Cámara Mónica Urquiza y la hizo responsable de la imposibilidad de desarrollar reuniones de comisión y sesiones. “Todavía no se han conformado las comisiones y no entiendo por qué la presidente no se moviliza con esto. Le hemos pedido tener comisiones en forma virtual, porque hay informaciones que todavía no hemos recibido y fue pedida en las videoconferencias”, dijo.
“Con respecto a las sesiones, todavía no tenemos un protocolo y hemos pedido uno por escrito, que dejen de hablar tanto y se pongan a escribir para que podamos funcionar, así como funcionan los concejos deliberantes”, reclamó.
“Esto se lo hemos pedido a la presidente de la Legislatura, que es la que se tiene que hacer cargo de toda esta situación. Hay muchos temas en los que tenemos que trabajar y estamos esperando el proyecto del Ejecutivo para analizarlo. No queremos que llamen a sesión y se apruebe sobre tablas sin ningún tipo de tratamiento”, sostuvo, ante la intención de convocar a sesión especial para el próximo jueves.
“Estamos enviando muchos pedidos de informe al Ejecutivo en materia económica y queremos saber qué pasa con la coparticipación, porque se habla todo el tiempo pero no tenemos nada resuelto y es muy preocupante que las municipalidades no puedan contar con sus recursos para hacer frente a las necesidades de los vecinos tanto de Río Grande como de Tolhuin y Ushuaia”, agregó.
Consideró “desgastante estar reclamando todo este tiempo por los medios, pero no hay otra manera de hacerlo, más allá de los procedimientos administrativos”, insistió ante la imposibilidad de funcionar institucionalmente.
“Deberían aprender del pasado, porque si Melella estuvo en la misma posición y también le gustaba que le envíen los fondos en tiempo y forma, que le envíe los recursos a las municipalidades y nos evitamos todos preocuparnos por algo que no es necesario. Acá tenemos que defender a los vecinos, y los defendemos si cada uno puede contar con sus recursos para cumplir con las obligaciones”, sentenció.
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