A CONSECUENCIA DE LA FERREA OPOSICION DE LA POBLACION DE PUERTO WILLIAMS Y LA PREOCUPACION MANIFESTADA POR LA EMBAJADA ARGENTINA, LA JUSTICIA CHILENA ORDENO LA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.
Al constante reclamo de los pobladores de la vecina localidad chilena de Puerto Williams, lugar en donde comenzaron recientemente a instalarse las características jaulas para cría de salmones y ante las presentaciones diplomáticas de funcionarios de la ciudad de Ushuaia, la Justicia de ese país aceptó hacer lugar a un recurso de protección interpuesto en contra de la empresa Cabo Pilar S.A., adquirida por la firma Nova Austral, integrada por capitales noruegos.
Ambas localidades se encuentran distantes a unos 50 km la una de la otra y comparten ubicación en las costas del canal Beagle.
La noticia hace algunas semanas atrás de la decisión del Gobierno nacional chileno de explotar la salmonicultura en el canal, con la consecuente contaminación que ello significa no solo para Puerto Williams si no también para la capital fueguina, provocó enérgicos reclamos de vecinos de una y de otra nacionalidad.
El medio “El mostrador” de Chile y La Prensa Austral de Punta Arenas, publicaron que “desde el año 2005 la empresa posee cuatro concesiones para realizar actividades en el canal. Los recurrentes establecieron en el recurso que la salmonera incurrió en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la cual se encontraba en pleno conocimiento”.
La medida cautelar a la que hacen referencia fue interpuesta en el año 2008 por el Tribunal Arbitral de Osorno y obligaba a Cabo Pilar S.A. a la suspensión total de operaciones de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura.
Sin embargo, vecinos de Puerto Williams alertaron sobre traslado de inmuebles al sector donde la empresa pretende operar.
El 18 de abril la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección y obligó a Cabo Pilar a detener temporalmente las faenas hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace señaló que “la instalación de salmoneras en la zona de Puerto Williams ha estado plagada de irregularidades, pues se expone que el funcionamiento salmonero en el área afecta derechos constitucionales, especialmente los de vivir en un medioambiente libre de contaminación. Se trata de una potente señal que viene a confirmar lo irregular del intento de expansión salmonero en la Patagonia. También es una nueva confirmación de que el gobierno, con su actitud tibia y casi contemplativa, parece estar más cerca de las empresas que del cuidado de nuestro patrimonio medioambiental. Afortunadamente, los tribunales de justicia sí están escuchando y reaccionando como corresponde. Es, sin duda, un importante paso para que las aguas que son la puerta de entrada a la Antártida, no sufran la invasión salmonera que ya han sufrido extensas zonas en Los Lagos y Aysén”.
La admisión del recurso de protección se da a pocos días de la visita de los reyes de Noruega a la zona, la cual estuvo marcada por diversas protestas en Punta Arenas y Puerto Williams. La visita de los monarcas, además, fue ampliamente cubierta por la prensa del país escandinavo, donde además se ha generado un debate respecto de los impactos medioambientales de los capitales de salmoneras noruegas en la Patagonia argentina y chilena.
El 10 de abril el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, se dirigió a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para solicitar la caducidad de trece concesiones relacionadas a la salmonicultura para realizar actividades en la Isla Navarino. Las concesiones pertenecen a las empresas Nova Austral, Chile Cultivo y la ya conocida Cabo Pilar.
“Las altas densidades de peces enjaulados, la cercanía entre centros de cultivo, y la vulnerabilidad asociada al carácter de especie exótica de los salmones, favorecen la aparición y propagación de enfermedades. Y para su control, los productores usan antibióticos y antiparasitarios en dosis que pueden afectar la salud humana, el ambiente y las economías locales”, explican.
El pasado jueves 18 de abril, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de protección deducido; pidió antecedentes al recurrido en el plazo de 6 días hábiles, y dio lugar a la orden de no innovar, lo que implica que Pesquera Cabo Pilar S.A. debe detener las faenas hasta que no se resuelva el fondo del recurso.
Fuente: La Prensa Austral y El Mostrador.
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