Tierra del Fuego expuso su modelo electoral en Guatemala

Modernización de procesos electorales.

La jueza electoral Mariel Zanini y la secretaria Cintia Ferreyra participaron junto a delegaciones de distintos países, en el marco del III Congreso Internacional de Tecnología Electoral. Expusieron sobre el diseño constitucional de la provincia y la evolución del proceso electoral desde 2020, con énfasis en la planificación institucional, control de riesgos y uso gradual de la tecnología.

Jueza electoral, Mariel Zanini y Cintia Ferreyra, secretaria del organismo, exponen en el III Congreso Internacional de Tecnología Electoral, en Guatemala.

La jueza electoral, Mariel Zanini, y la secretaria del organismo, Cintia Ferreyra, participaron como expositoras del III Congreso Internacional de Tecnología Electoral, realizado en la ciudad de Guatemala, en el marco de una alianza interinstitucional entre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) y el Tribunal Supremo Electoral de ese país. Ambas abogadas formaron parte del encuentro que reunió a representantes de órganos electorales de distintos países de la región y a empresas especializadas en soluciones tecnológicas aplicadas a procesos electorales.

El Congreso contó con la participación de 12 firmas dedicadas al desarrollo de tecnología electoral y 19 delegaciones oficiales, y se consolidó como un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos técnicos y buenas prácticas orientadas al fortalecimiento institucional y a la modernización de los sistemas electorales, con énfasis en la transparencia, la seguridad y la ampliación de derechos.

Durante su disertación, las funcionarias fueguinas expusieron sobre el diseño constitucional de la provincia y las particularidades de su sistema electoral, y detallaron el proceso de transformación institucional iniciado en el año 2020 con el objetivo de recuperar la confianza y la credibilidad del órgano electoral. En ese marco, explicaron que la modernización no se abordó exclusivamente desde la incorporación de herramientas tecnológicas, sino a partir de una arquitectura institucional planificada, con definición clara de competencias y responsabilidades.

Según se expuso, el proceso incluyó la creación de un espacio interinstitucional permanente y la elaboración de un mapa de riesgos que permitió anticipar escenarios críticos, asignar funciones específicas y fortalecer el rol del órgano electoral como autoridad rectora del proceso. También se implementaron mecanismos de coordinación operativa, una mesa de crisis y un curso de acción definido, entendiendo al sistema electoral como un ecosistema integral y no como una suma aislada de recursos técnicos.

En ese marco institucional se llevaron adelante cinco elecciones, durante las cuales se incorporaron de manera progresiva distintas soluciones tecnológicas. El sistema evolucionó desde el voto en papel, con tareas de conteo y procesamiento realizadas con recursos propios, hacia la utilización de redes neuronales para la interpretación de resultados y actas, la transmisión directa de datos desde los establecimientos de votación, la implementación del voto electrónico mediante Boleta Única Electrónica, el uso de servicios en la nube para la gestión del proceso electoral y, en una etapa posterior y complementaria, la incorporación del voto por Internet.

Las expositoras señalaron que el voto por Internet fue diseñado con el objetivo de ampliar el ejercicio del derecho al sufragio y mejorar la accesibilidad, especialmente para personas que enfrentan barreras estructurales vinculadas a la distancia geográfica, dificultades de movilidad o responsabilidades de cuidado. En ese sentido, se remarcó que la tecnología fue concebida como una herramienta al servicio de la inclusión y no como un fin en sí mismo.

Finalmente, se presentó una perspectiva de trabajo a futuro orientada a aplicar soluciones tecnológicas con enfoque de igualdad real, incorporando criterios de género y cuidados, en línea con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los compromisos asumidos a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La participación de las abogadas fueguinas permitió compartir una experiencia desarrollada con respaldo constitucional y que fue presentada ante delegaciones de la región como un modelo de gobernanza electoral basado en la planificación institucional y el uso de tecnología orientada a la ampliación de derechos.