A 40 años de la guerra.
Un grupo de excombatientes que padecieron «hambre extremo» durante el combate y fueron sometidos a agresiones físicas y psicológicas, pidieron a la Justicia que la causa no se congele. «El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas», aseguraron.
La causa judicial que investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982 lleva once meses paralizada y se encuentra «al borde de la impunidad», según explicaron voceros judiciales consultados por Télam.
El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del año pasado, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.
Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados por un grupo de ex combatientes representan ilícitos imprescriptibles. De hecho, había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.
El fallo de Casación fue recurrido por la Fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema, con lo que la jueza fueguina optó por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.
La paralización de las pesquisas resulta necesaria para «evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios dentro de un mismo proceso -dada la conexidad y acumulación de expedientes- y ante idénticas o análogas situaciones en aras de preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia», escribió Borruto para fundamentar la parálisis del expediente.
El comienzo de la pesquisa
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.
En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los soldados, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles) o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.
En las actuaciones judiciales aparecen descriptos una serie de tormentos, en su mayoría represalias de militares hacia soldados que, ante situaciones de hambre extremo, intentaron procurarse su propio alimento mientras la guerra continuaba a su alrededor.
Quiénes fueron los reclutas sometidos
Se trata de los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas, Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís y José Rubén Suárez, quienes llegaron a sustraer y comerse una oveja. Por ello, fueron «obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas», puede leerse en la causa.
Por su parte, al soldado Mario Roberto Sauco se lo castigó «obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes».
En tanto, el conscripto Carlos Argentino Pereyra fue «estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida», mientras que Edgardo Oscar Arnoldo, fue «estaqueado durante 4 o 5 horas en los que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno» por «robar comida perteneciente a sus superiores».
Otros dos soldados -Daniel Martínez González y Rosendo Prado- fueron obligados por sus superiores a «realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución».
«Con posterioridad, en circunstancias en que no se podían levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre 6 y 7 disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles. Por último, fueron estaqueados, atados de pies y manos durante 10 o 12 horas», indican las actuaciones judiciales.
Al soldado Juan de la Cruz Martins, «le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por haberse quedado dormido en la guardia», y a Julio César Mas lo «estaquearon de pies y manos sobre la tierra helada a la intemperie» una semana antes de producirse la rendición, el día 14 de junio de 1982.
La sustracción o búsqueda de comida aparece como el motivo de las torturas en el resto de episodios que analizan los investigadores, mientras que entre las consecuencias de esos actos hay casos más graves, como el del soldado José Alberto Yanevich a quien sus superiores habrían agredido verbalmente y posteriormente habrían estaqueado «junto a los soldados González y Guayare por más de dos días, así como le habrían roto la nariz de un culatazo».
Mientras estaba estaqueado, Yanevich fue alcanzado «por la deflagración de una bomba que le produjo una ceguera momentánea que habría derivado en una permanente».
La causa judicial
Según las denuncias de otros conscriptos, a los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballero, también los alcanzaron bombardeos durante el estaqueamiento, y ambos fallecieron.
Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que actúa como querellante en la causa, aseguró a Télam que las torturas a soldados son «una asignatura pendiente de la democracia» y dijo que se cumplen «40 años de impunidad» para los acusados.
«El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones. Además de la impunidad judicial enfrentamos la impunidad biológica, porque con tantos años de proceso están falleciendo tanto los imputados como las víctimas», reflexionó Alonso.
El miembro del Cecim también le pidió a la Corte Suprema que se expida sobre el fondo de la cuestión y «no mantenga el caso en el freezer», a la vez que recordó que existe un «expediente consolidado» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Allí constan todas las pruebas que existen a partir, incluso, de la desclasificación de archivos secretos de 2015, de donde surgieron documentos oficiales de las propias fuerzas armadas reconociendo los abusos», detalló Alonso.
Inclusive adelantó que en los próximos días «vamos a presentar un reclamo ante el Comité de Torturas de las Naciones Unidas».
Según el dirigente, a 40 años del conflicto bélico de 1982, «el pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados. Precisa una respuesta que no sea la impunidad», concluyó.
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