El secretario de Relaciones Institucionales del CECIM La Plata, tras la postura del fiscal de Casación penal, sostuvo que “hemos recorrido todos los caminos posibles que una causa puede abordar”, pero todavía no hay respuesta de la jueza Mariel Borruto sobre la fecha de indagatorias. Elevarán un informe al Consejo de la Magistratura.
El secretario de Relaciones Institucionales del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim), Ernesto Alonso, se refirió a la posición que sentó el fiscal de casación penal, Dr. Javier De Luca, respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de los militares acusados de torturas en Malvinas. Explicó por Radio Nacional Ushuaia que “hay un incidente que llegó a la cámara de casación, el fiscal dictaminó antes de ayer y sigue sosteniendo lo que hemos logrado en varias instancias. En primera instancia el juzgado de Río Grande sostuvo que se trata de delitos imprescriptibles, y lo son tanto las graves violaciones a los derechos humanos como los crímenes de guerra”, dijo.
“Estamos esperando lo que dictamine la Cámara de Casación luego de la opinión del fiscal, que pertenece a la procuración general de la nación y viene sosteniendo esta posición desde hace tiempo. El fiscal de Río Grande también lo hizo en primera instancia y en su momento se había manifestado el procurador general de la nación”, recordó Alonso.
“Nosotros estamos confiados en las instancias procesales, y además el fiscal De Luca en este caso plantea la responsabilidad del estado si estos crímenes no se investigan. Por eso estamos planteando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso que la Corte no trató de fondo. Hemos recorrido todos los caminos posibles que una causa puede abordar, pero esto no tiene ninguna incidencia en las indagatorias suspendidas sin fecha por la Dra. Borruto”, lamentó.
Pese a todas las posiciones de la Justicia federal y los fallos en distintas instancias, la jueza de Río Grande sigue sin fijar fecha de indagatoria, luego de haberlas suspendido por “falta de espacio y personal”.
“Nosotros planteamos un recurso de reposición y que sostenga las fechas de la citación, pero la doctora ha pedido una serie de medidas nuevamente”, indicó.
Recordó que se sumaron recientemente “los dichos del propio comandante en jefe del Ejército” el 2 de abril, cuestionando la investigación a militares. “Estamos esperando que las fechas que planteó la jueza al propio Ministerio de Defensa se cumplan, porque ya correspondería una acción penal contra aquellos funcionarios que no cumplan con la solicitud de los jueces, en este caso de la Dra. Borruto”, advirtió.
“Estamos dentro de los plazos de las nuevas pruebas que planteó la Dra. Borruto y vamos a enviar un informe a la CIDH, porque están continuando con esta cuestión sistemática de no brindar el servicio de justicia. Se trata de violaciones graves a los derechos humanos, por eso también vamos a presentar un informe al Consejo de la Magistratura por esta interrupción de las indagatorias de la Dra. Borruto, porque es inadmisible la justificación que planteó, sobre la falta de recurso físico y personal”, remarcó.
Este jueves y viernes deberían ser las primeras indagatorias, que debían continuar los primeros cuatro días de julio. “Han intentado parar esta causa, sigue habiendo notas de opinión, amedrentamientos, y esto también se lo hemos dicho a la jueza”, aseguró Alonso.
“Esperemos que rápidamente ponga la fecha de indagatorias y por eso nuestro equipo jurídico está haciendo las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura. No es un pedido de jury contra Borruto, sino un informe para que el Consejo esté al tanto de la situación. Luego procederán de acuerdo a lo que ellos consideren. Va a ser un antes y un después cuando se tomen las primeras indagatorias, porque hay medios que se suman a este marco de impunidad, pero no estamos haciendo ficción y es inaceptable que el propio comandante del Ejército diga que estas imputaciones tratan de enlodar el accionar de los efectivos en Malvinas”, dijo.
“Yo estuve en Malvinas y conozco todas las circunstancias. No pueden decir que no torturaron en Malvinas, y por eso es muy importante la indagatoria, para que den explicaciones de por qué hicieron lo que hicieron. No hay uno o dos testimonios, sino cientos, y además de las víctimas hay cientos de testigos, pruebas, y se suman los documentos desclasificados, que son documentos oficiales de la Armada”, enfatizó.
Alonso admitió la decepción que les causó la actuación de la magistrada riograndense, luego de esperar largo tiempo el nombramiento de quien había sido secretaria de la Dra. Herráez. “Todos teníamos otra expectativa ante la nueva jueza, pero lamentablemente estamos otra vez en un enredo. Vamos a agotar todas las instancias y tuvimos que recurrir a la Corte internacional para reclamar justicia. El 24 de marzo se llenan la boca hablando de los derechos humanos y los mismos funcionarios el 2 de abril nos abrazan y nos dan una palmadita, pero asumen el discurso de la Dictadura”, fustigó.
“Está todo en los archivos descalificados y son muy pocos los medios que nos han dado voz, como ocurre en la provincia. Los medios nacionales se entretienen con notas de color, y lamentablemente son cómplices”, concluyó.
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