En sociedades como las nuestras, las palabras “desarrollo” o “puestos de trabajo”, se repiten como un mantra. Las escuchamos una y otra vez para justificar decisiones que afectan a nuestro territorio y a los bienes que lo hacen habitable. Pero muchas veces ese “desarrollo” no significa lo que debería significar: ampliar las oportunidades de la gente sin hipotecar el futuro. Más bien se usan como argumento retórico para legitimar intervenciones que reducen el capital natural y cultural que sostenía y deberían seguir sosteniendo.
En nombre de la generación de empleo, se autorizan obras y proyectos que destruyen ecosistemas, degradan paisajes o vuelven irrecuperables recursos que son la base de actividades económicas más estables y sostenibles. Se trata de una lógica donde el fin justifica cualquier medio, mientras haya algunos puestos laborales hoy, el mañana se vuelve un asunto secundario. Pero eso no es desarrollo, es pan para hoy y hambre para siempre.
Detrás de esta visión se esconde una idea utilitaria del territorio, se lo considera “recurso ocioso”, “espacio vacío”, “oportunidad desaprovechada”. Se reduce el valor del paisaje a lo que puede extraerse de él, se mide la riqueza de un bosque por la madera que contiene o la de una bahía por su capacidad para albergar estructuras industriales.
Se olvida lo esencial: la salud del ambiente, la belleza, la identidad cultural y el arraigo comunitario son activos productivos y espirituales irremplazables. Cuando se destruyen, no solo se pierde naturaleza, se pierde confianza en el futuro, derechos colectivos, sentido de pertenencia.
Es urgente recuperar la palabra desarrollo y devolverla a su significado verdadero: un proceso que mejora la vida de las personas sin comprometer los derechos de quienes vendrán. Para ello, la generación de empleo debe estar guiada por una consigna ética simple y contundente: “El trabajo debe crear futuro, no destruirlo”.
Este principio se traduce en valores claros y exigibles a cualquier política pública:
• Sostenibilidad intergeneracional, es decir, que el empleo de hoy no destruya las oportunidades de mañana.
• Equidad territorial y social. Implica que el beneficio alcance a la comunidad y no solo a intereses externos.
• Respeto por el patrimonio natural y cultural, porque su pérdida es irreversible y empobrece a todos.
• Transparencia en la planificación sin cifras infladas ni silencios cómplices sobre los impactos.
• Diversificación económica, esto es evitar modelos que dependan del agotamiento de un solo recurso.
• Participación ciudadana real, que la comunidad pueda decidir qué tipo de futuro quiere y que éste no sea el resultado de estrategias cortoplacistas de un gobierno de turno.
• Ética del cuidado, entendiendo de una buena vez que lo que daña a la tierra, daña a la gente.
Estas no son ideas románticas, son condiciones de supervivencia para cualquier sociedad que aspire a durar y prosperar. Porque el verdadero progreso no consiste en crecer a cualquier precio, sino en elegir cómo crecer.
Antes de aprobar cada proyecto, autoridades y ciudadanía deberían hacerse una pregunta tan simple como ineludible:
¿Los hijos de nuestros hijos agradecerán esta decisión o se lamentarán por ella?
Si la respuesta es incómoda, dudosa o vergonzosa, entonces esa propuesta no trae desarrollo, trae renuncia, expolio, deuda ambiental y cultural que luego otros deberán pagar.
Trabajar y cuidar no son opuestos, son inseparables. La verdadera riqueza de una comunidad está en su capacidad para generar empleo sin perder lo que la hace única, para producir bienestar sin destruir la base que lo sustenta. Ese es el desarrollo que vale la pena defender, un desarrollo que construya futuro.