Juicio por el crimen de Alberto Scariot, a manos de Fernando Moreyra. El asesinato, cometido de 34 puñaladas durante la madrugada del 11 de noviembre de 2025, ocurrió frente al hijo de 12 años de la víctima, quien también resultó herido al intentar defender a su padre. El juicio vuelve a poner en discusión el impacto del consumo de drogas y alcohol en la provincia.
Fernando Aarón Moreyra tiene 22 años y dijo haberse iniciado en el consumo de drogas desde niño. Enfrenta una posible condena a prisión perpetua.
El Tribunal de Juicio continuó el martes último escuchando numerosos testimonios en el proceso contra Fernando Moreyra, un joven de 22 años acusado de matar a Alberto Scariot, de 41, y de herir al hijo de la víctima, de apenas 12 años, cuando intentó defender a su padre.
La reconstrucción judicial del asesinato de Alberto Scariot, ocurrido en noviembre del año pasado en Río Grande, volvió además a poner sobre la mesa una realidad que atraviesa a la sociedad fueguina: el consumo problemático de alcohol y drogas.
En el juicio que se desarrolla ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, el fiscal Ariel Pinno atribuyó a Fernando Aarón Moreyra, el delito de homicidio agravado por ensañamiento, a partir de las 34 heridas punzocortantes que la autopsia detectó en el cuerpo de Scariot. El joven también debe responder por las lesiones que sufrió el hijo del hombre asesinado, de 12 años, quien irrumpió en la escena para intentar defender a su padre y terminó con heridas cortantes en el cuero cabelludo, entre otras.
La segunda jornada de debate aportó nuevos elementos para reconstruir lo que pasó en la vivienda del barrio Los Cisnes, en base a la declaración de efectivos de la Comisaría Primera, de la Comisaría Quinta y de la División Delitos Complejos, además de tres testigos vinculados con el hecho.
Uno de los testimonios centrales fue el del personal de Delitos Complejos, que expuso el relevamiento de cámaras de seguridad de distintos sectores de la ciudad. Los registros permitieron observar escenas anteriores al crimen y también movimientos posteriores, entre ellos imágenes del imputado caminando completamente alterado y con prendas de vestir ensangrentadas.
El tribunal también escuchó al propietario del inmueble en donde ocurrió el asesinato, quien se la alquilaba a Scariot, y a dos personas que habían viajado junto a Moreyra en un vehículo afectado al servicio de Uber hasta el lugar del hecho.
A partir de las declaraciones y de los registros incorporados al debate, fue tomando forma el escenario de una madrugada signada por una violenta confrontación entre víctima y victimario, en un contexto atravesado por el consumo de alcohol y estupefacientes. Durante la instrucción, el propio imputado había reconocido su adicción a las drogas y la existencia de consumo en su entorno familiar. Entre las sustancias mencionadas en la reconstrucción del caso aparecen la cocaína y el crack.
El acusado, que permanece privado de la libertad desde hace casi un año, se mostró durante las dos jornadas con el rostro crispado y una expresión que alternaba entre el enojo y el temor. Su situación procesal es particularmente grave: además de la acusación por el homicidio de Scariot, deberá responder por las lesiones ocasionadas al niño que intentó intervenir para auxiliar a su padre.
El Tribunal, integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández, dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre, justo cuando se cumple un año del crimen que conmocionó a la provincia. En la jornada declararán peritos del Poder Judicial entre otros testigos.
La comprometida situación procesal de Moreyra, a partir de los registros de las cámaras de videovigilancia y de los testimonios incorporados durante las audiencias, podría derivar en una de las condenas más severas previstas por la legislación penal argentina. La acusación es por homicidio agravado por ensañamiento, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 2, del Código Penal, que establece como única pena la prisión perpetua. La decisión final quedará en manos del Tribunal, una vez concluido el debate y evaluado el conjunto de las pruebas y testimonios presenciales y por lectura.