Amenazas en establecimientos educativos.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, planteó la necesidad de iniciar las investigaciones en los juzgados de Instrucción y no de Familia, y remarcó la responsabilidad parental.
El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Eduardo Urquiza, se refirió a las amenazas registradas en establecimientos educativos y señaló que las investigaciones deben contemplar la posible participación de personas adultas.
“Estamos sometidos a la intimidación pública. Es una acción compleja realizada por un número indeterminado de personas, que se comunican por redes sociales y presuntamente se trataría de menores. Pero no sabemos si hay partícipes mayores. Por eso sería prudente iniciar las investigaciones en los juzgados de Instrucción y no de Familia”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que “el usuario de la red social tiene una responsabilidad, porque está actuando. No sabemos quién está determinando la motivación para participar de estos grupos. En algún momento me voy a encontrar con un adulto”.
El fiscal también remarcó la responsabilidad de los padres frente a este tipo de conductas: “Tenemos un deber ineludible como padres y tenemos que hacernos cargo de los actos de nuestros hijos. Hay que trabajar sobre ese comportamiento”.
Respecto de la situación actual, indicó que “en Río Grande estamos hablando de aproximadamente 34 denuncias y 20 en Ushuaia”, y advirtió sobre el impacto operativo: “La Policía tiene que hacer rondines alrededor de escuelas o custodias particulares. Es un costo importante y hay un perjuicio concreto”.
En relación con el encuadre legal, explicó que “las figuras que se analizan son la amenaza anónima, que es un delito agravado con pena de hasta tres años, y la intimidación pública, que tiene una pena mayor, de hasta seis años de prisión según el artículo 211 del Código Penal”.
Asimismo, señaló que la responsabilidad de los adultos puede ser de carácter patrimonial, administrativa, institucional y penal. “Es factible que una familia termine afrontando costos por las acciones de sus hijos”, indicó.
Por último, mencionó que el Superior Tribunal de Justicia trabaja junto a la oficina de Acceso a Justicia en estrategias de abordaje y recordó que una próxima reforma reducirá la edad de imputabilidad a 14 años. “Hay que hablar con los chicos y reforzar la responsabilidad en todos los ámbitos”, concluyó.