El juez Pablo Candela había dispuesto el traslado de un sujeto acusado de haber violado a una niña de 12 años, de Río Grande a la localidad mediterránea, para que la menor no se lo cruzara en los pasillos del edificio en el que ambos – presunto abusador y presunta víctima- se domicilian.
A alrededor de las 19.30 de ayer, personal policial procedió a trasladar a un hombre acusado de haber violado a una niña de 12 años de edad, desde la casilla que le había facilitado su hermano para que viviera temporalmente, en la localidad de Tolhuin, nuevamente a su domicilio habitual, en la localidad de Río Grande. Su traslado, a bordo de un furgón, se produjo luego de dos jornadas de protesta por parte de los vecinos de la localidad mediterránea, quienes se apostaron frente al predio en el que funciona un templo evangelista (del que el hermano del imputado es pastor) y otras construcciones precarias, una de las cuales era ocupada por el hombre de apellido Orbez.
“No queremos violadores en nuestro pueblo” fue la consigna principal de la protesta vecinal, a la vez que se le exigió a la Justicia del Distrito Judicial Norte que retrotrajera la decisión tomada sobre el imputado y se disponga su inmediato regreso a la localidad de Río Grande. Además del tipo de delito que se le imputa a Orbez, el descontento se centró principalmente en la inconveniencia de la medida desde un punto de vista sanitario, dado que Río Grande es una localidad con un elevado índice de contagios mientras que la comunidad de Tolhuin no registra más que un solo caso y justamente, corresponde a un vecino que debió atenderse en el HRRG y regresó contagiado.
Conflicto de poderes
En la manifestación popular tolhuinense, en la que sus autoridades municipales asumieron un rol activo, se produjo también un conflicto de competencias, según lo interpretó el juez cuestionado, Pablo Candela. El magistrado opinó al respecto que “no se puede perder de vista el principio de inocencia que rige en beneficio de la persona imputada y que está establecida en nuestra Constitución Nacional. En base a ello, cualquier persona puede elegir vivir donde quiera y pueda”. En directa referencia al cuestionamiento hecho por los cinco concejales tolhuinenses a su proceder y la exigencia de que retrotraiga la medida, Candela sostuvo que “los ediles deben conocer cómo se tramitan las causas o cómo es el juego de los poderes que conforman una República. No es parte de mis obligaciones como juez la de comunicar las decisiones que debo tomar en el marco de la sustanciación de una causa judicial”.