Y el 9 de agosto pasó sin elección de convencionales constituyentes…
El día previsto para elegir convencionales quedó atrás sin urnas y no se anunció una nueva fecha. La ley que había puesto en marcha la reforma fue derogada, el Gobierno llevó esa decisión a la Justicia y todavía sigue pendiente la discusión por la convocatoria anulada. La pregunta ahora es más sencilla: ¿este proceso todavía puede continuar o la modificación de la Constitución provincial de 1991 quedó definitivamente en el camino.
Como se recordará, el proyecto de reforma había comenzado a tomar forma en diciembre de 2023, cuando la Legislatura sancionó la Ley Provincial 1.529 y declaró la necesidad de modificar parcialmente la Constitución fueguina.
El proceso terminó rápidamente en la Justicia. El legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman realizó un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia y una medida cautelar suspendió la elección mientras se analizaba la legalidad del procedimiento. Más adelante también se incorporó una presentación del CPN y abogado Paulino Rossi.
El 5 de agosto de 2025, el Superior Tribunal rechazó esas presentaciones, mantuvo vigente la Ley 1.529 y levantó la cautelar. Sin embargo, estableció que el proceso podía continuar una vez que la sentencia quedara firme.
El parlamentario fueguino presentó entonces un recurso extraordinario federal. El Superior Tribunal lo declaró inadmisible y Lechman recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de queja.
Con esa discusión todavía abierta, el gobernador Gustavo Melella firmó el Decreto 751/26 y convocó a elecciones para el 9 de agosto del corriente año.
Pero la convocatoria volvió a frenarse.
El 27 de mayo, la jueza electoral Mariel Zanini declaró nulo el decreto en cuestión al considerar que, mientras siguiera pendiente la presentación ante la Corte Suprema, no estaba cumplida la condición de firmeza establecida por el Superior Tribunal.
El Gobierno apeló esa decisión y sostuvo que el recurso de queja, a su criterio, no tiene efecto suspensivo.
Mientras esa pelea seguía en los tribunales, la Legislatura tomó otra decisión que modificó por completo el escenario.
Lechman impulsó la derogación de la Ley 1.529. La iniciativa consiguió 11 votos, fue vetada por el gobernador Melella pero luego fue ratificada por la Legislatura mediante insistencia.
De esa manera quedó promulgada la Ley Provincial 1.626, que derogó expresamente la norma que había puesto en marcha la reforma constitucional.
Ese es hoy el punto más importante.
Aunque eventualmente se revirtiera la decisión judicial que anuló la convocatoria, todavía quedaría por resolver qué sucede con un proceso cuya ley de origen ya no está vigente.
El Gobierno también llevó esa discusión al Superior Tribunal y presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1.626.
A esta situación judicial se suma ahora un problema práctico: el calendario de elecciones.
Y esto es así porque la elección de convencionales no puede realizarse a la par de otro acto electoral.
Por eso, lo cierto es que cualquier intento de retomar el proceso de reforma constitucional deberá primero sortear las objeciones en curso ante la Justicia y recién después, encontrar una nueva fecha viable.
Una elección durante 2027 no estaría jurídicamente descartada, pero cada día que pasa reduce el margen para organizar un nuevo proceso electoral.
Hoy la discusión es otra.
Ya no se trata solamente de saber cuándo se votará. La pregunta es si esta reforma constitucional todavía tiene posibilidades reales de realizarse.
Porque hasta la fecha no hay nueva elección convocada, la ley que dio origen al proceso fue derogada y las definiciones judiciales todavía no se produjeron.
Lo concreto y real es que mientras la Justicia no cambie el escenario actual, la reforma constitucional tiene cada vez menos margen de llevarse a cabo. ¿Entonces no habrá reforma?. Todavía no hay una respuesta definitiva a esa pregunta. Lo que sí está claro es que la posibilidad de que ocurra se achicó considerablemente.
Escribe: Viento Austral.