Melella denunció una intervención provincial encubierta

“Hoy es Tierra del Fuego y mañana puede ser cualquier otra provincia”, afirmó el mandatario.

Gustavo Melella denunció la violación del federalismo y solicitó una medida cautelar de cese inmediato de la intervención portuaria “para frenar el daño irreparable que implica la sustracción diaria de los recursos provinciales”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó con extrema dureza la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional y la calificó como “un acto de atropello” y “una intervención encubierta” que vulnera la autonomía provincial y sienta un precedente de enorme gravedad institucional.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de la demanda presentada ante la Justicia Federal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en la que la Provincia solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la medida, el cese inmediato de la intervención y una cautelar para frenar la sustracción diaria de recursos portuarios.

“Esto es una intervención encubierta. Atenta contra la autonomía de la provincia, desconoce nuestras instituciones electas por el pueblo y nuestro Poder Judicial. Hoy lo hacen con el puerto, mañana pueden hacerlo con cualquier otra institución o provincia. Es un precedente peligrosísimo”, advirtió Melella.

El gobernador fue categórico al rechazar los argumentos utilizados por la ANPyN para justificar la intervención. “Los argumentos esgrimidos son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos, no hay desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte en el puerto y está auditado. Han montado una película con una gravedad institucional muy fuerte”, sostuvo.

La resolución nacional invocó supuestas irregularidades vinculadas a la Ley Provincial N° 1596 —de fortalecimiento de la obra social OSEF— y una presunta desinversión que pondría en riesgo la operatividad portuaria. Sobre ese punto, Melella fue tajante: “Esa ley fue votada por unanimidad por los 15 legisladores, incluso por los de La Libertad Avanza.

Ni un solo peso del puerto se tocó para ese fin. Si creían que había un delito, ¿por qué no hicieron la denuncia penal correspondiente? En lugar de eso, optaron por este atropello”.

El mandatario también enumeró una serie de irregularidades en la forma en que se ejecutó la intervención. Mencionó una notificación informal, realizada vía WhatsApp, la orden de derivar los fondos del puerto a una cuenta de la disuelta Administración General de Puertos (AGP) —“un organismo que ellos mismos dieron de baja por corrupto hace un año”— y el contacto directo de la ANPyN con empresas para redireccionar los pagos. “Es un mamarracho. Lo único que genera es sospecha sobre sus verdaderas intenciones”, afirmó.

En ese contexto, Melella planteó dos hipótesis que, a su entender, podrían explicar la decisión del Gobierno nacional, ambas de extrema gravedad para la Provincia. Por un lado, no descartó un trasfondo geopolítico: “Puede ser una cuestión de entrega de nuestro puerto a algún país extranjero. La llegada de un avión oficial norteamericano con una delegación de senadores y miembros de la embajada, que no notificaron su visita, alimenta este manto de sospecha. Nada que venga de una superpotencia se hace porque sí”.

La segunda hipótesis apunta a intereses económicos privados. “Conocemos al responsable de esta agencia y sus vínculos con empresarios y políticos locales que siempre han deseado quedarse con el puerto como si fuera un botín. Esto podría ser el paso previo a una privatización encubierta”, finalizó.