El juez Calvete se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema la causa por la intervención del Puerto de Ushuaia

El juez federal entendió que, por tratarse de una provincia y por la relevancia institucional del caso, la demanda debe ser resuelta ante la maxima autoridad judicial del pais.

El magistrado rechazó intervenir en el planteo de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno fueguino contra la medida dispuesta por la ANPYN, como asi también el pedido de retrotraer la situación al 20 de enero último.

El juez Calvete se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema la causa por la intervención del Puerto de Ushuaia

El juez federal Federico Calvete se declaró incompetente para intervenir en la causa en la que el Gobierno de Tierra del Fuego solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y resolvió que el planteo debe ser abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En su resolución, difundida el martes último, el magistrado fundamentó su decisión en el artículo 117 de la Constitución Nacional y rechazó expedirse sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia.

“A mi modo de ver entonces, y en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la envergadura y relevancia institucional de la cuestión traída a debate, la presente causa corresponde a la competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia de la Nación”, sostuvo Calvete en su escrito.

Asimismo, explicó que la competencia del Máximo Tribunal se justifica por un doble motivo: en primer lugar, porque una provincia reviste el carácter de parte actora y en segundo término, porque se trata de una causa de competencia federal, vinculada a puntos regidos por la Constitución Nacional, las leyes del Congreso y los tratados internacionales.

Finalmente, el juez remarcó que, dada la relevancia institucional de las cuestiones en juego y la necesidad de evitar mayores demoras, una vez firme la resolución corresponde remitir sin más trámite las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, excusándose así de definir el planteo judicial del Gobierno fueguino contra el ente nacional que dispuso la intervención del puerto.