Definición judicial en el conflicto por la estructura instalada en Tolhuin.
El Superior Tribunal asumió la competencia en el proceso por la demolición, mientras el Municipio avanza con la ejecución de una multa. La empresa tiene plazo para contestar la demanda.
El secretario Legal y Técnico del Municipio de Tolhuin, Alexis Solís, brindó detalles sobre el estado de la causa judicial vinculada a la empresa LeoLabs y la estructura instalada en la ciudad, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se declarara competente para intervenir en el proceso relacionado con su demolición.
En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que el expediente se desarrolla en dos vías. Por un lado, se encuentra el proceso de ejecución fiscal por la multa aplicada a la empresa. “Le ganamos el juicio a Leo Labs, y ellos hoy tienen que pagar una multa de alrededor de un millón y medio de pesos. No la pagaron y estamos ahora en proceso de ejecución de sentencia, en donde una de las medidas es el embargo de las cuentas de la empresa”, detalló.
Por otro lado, continúa el proceso judicial vinculado a la demolición del radar. En este caso, el juzgado de Tolhuin se declaró incompetente, lo que derivó en la intervención del Superior Tribunal de Justicia. Según indicó Solís, el organismo resolvió “asumir la competencia en el marco de una acción contencioso administrativa vinculada al acto municipal que dispone el desarme de la estructura”.
El funcionario señaló que la decisión municipal se sustenta en la normativa vigente. “Nosotros decidimos que debían abonar no solo la multa por haber construido sin autorización, sino que también solicitamos la demolición”, afirmó. Asimismo, remarcó que el Municipio actuó dentro de los procedimientos legales desde el inicio del conflicto. “El Intendente nos solicitó que agotemos todas las vías y eso hicimos”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que la estrategia fue mantener el proceso dentro de los marcos institucionales. “Somos muy respetuosos de los plazos procesales y, sobre todo, de la Justicia. Estamos sujetos a respetar las condiciones que determine”, indicó.
El conflicto se originó en 2023, cuando el Municipio detectó la construcción de la estructura y dispuso su clausura provisoria hasta que la empresa regularizara la situación. Sin embargo, la obra continuó mientras se discutía la competencia municipal, lo que derivó en las actuaciones administrativas y judiciales posteriores.
Respecto de los plazos actuales, Solís indicó que la causa se encuentra en una etapa definitoria. “Estamos en plazo inminente. LeoLabs tiene hasta el viernes de la semana que viene para contestar la demanda”, explicó. En caso de no hacerlo, podría ser declarada en rebeldía.
Finalmente, el funcionario señaló que el proceso trasciende el plano administrativo. “Estamos pronto a resolver una situación que implica no solo una cuestión municipal, sino también una cuestión de soberanía”, concluyó.