Cruce entre el Ejecutivo y la Justicia Electoral por la reforma constitucional.
La secretaria de Coordinación Legal Mariángeles Arroyo cuestionó la decisión de la jueza electoral de consultar al Ministerio Público Fiscal antes de fijar las fechas para elegir convencionales constituyentes. “No hay dudas jurídicas”, aseguró.

La decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de no avanzar todavía con la emisión del cronograma para la elección de convencionales constituyentes prevista para el 9 de agosto abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y la Justicia.
La secretaria de Coordinación Legal de la provincia, Mariángeles Arroyo, salió este martes a cuestionar con dureza la resolución judicial y sostuvo que no existe “ningún obstáculo real” que impida avanzar con el proceso electoral vinculado a la reforma constitucional.
“Estamos ante demoras infundadas. No existen dudas jurídicas”, afirmó la funcionaria, quien consideró que el despacho firmado por Zanini “no resiste el mínimo análisis técnico” y únicamente genera una “extensión artificial” de los tiempos.
La controversia se originó luego de que la magistrada resolviera remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal antes de emitir el cronograma electoral, una decisión que sorprendió al oficialismo provincial, que esperaba la inmediata fijación de fechas y plazos.
Según explicó Arroyo, uno de los puntos planteados por la jueza está relacionado con el recurso de queja que todavía tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la funcionaria aseguró que ese recurso “no tiene efectos suspensivos” y por lo tanto no paraliza el proceso.
“La sentencia que convalida la convocatoria quedó firme el 16 de octubre de 2025, cuando se rechazó el recurso extraordinario federal. La queja es una instancia más, pero no congela nada”, sostuvo.
Arroyo también cuestionó que Zanini haya mencionado la reciente sanción legislativa de una nueva norma vinculada al proceso constituyente, remarcando que todavía no fue promulgada ni vetada por el Poder Ejecutivo.
“Una ley que no está promulgada no es ley. Es solamente un proyecto aprobado”, afirmó la secretaria de Coordinación Legal, quien recordó que la Constitución provincial otorga al Ejecutivo un plazo de diez días para expedirse sobre las normas sancionadas por la Legislatura.
En ese sentido, aseguró que la Ley 1529 continúa plenamente vigente y que el decreto de convocatoria firmado por el gobernador mantiene total validez jurídica.
Para Arroyo, el planteo de una supuesta “inestabilidad jurídica” no tiene sustento concreto. “No existe ningún hecho contundente y formal que hoy le impida a la jueza electoral emitir el cronograma. Los plazos están corriendo y la convocatoria es legítima”, insistió.
Finalmente, adelantó que el Gobierno provincial analiza distintas alternativas legales frente a la situación generada y advirtió que la demora podría afectar el desarrollo del proceso constituyente impulsado por el Ejecutivo.
“La ley, la sentencia firme y el decreto están de nuestro lado. La jueza Zanini tiene todas las herramientas para resolver, y es imperioso que las utilice”, concluyó.