Venció el plazo otorgado al Reino Unido para frenar las actividades hidrocarburíferas.
El Gobierno nacional solicitó cuatro medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion para impedir la extracción de hidrocarburos, restringir el uso de información exploratoria, proteger el medio marino y evitar nuevas licencias británicas en la zona en disputa.
La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación se concretó tras vencer el plazo de dos semanas que el Gobierno nacional había otorgado al Reino Unido para impedir las actividades hidrocarburíferas. El procedimiento forma parte de la estrategia jurídica anunciada el 28 de septiembre, cuando el país inició un arbitraje internacional conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El canciller Pablo Quirno detalló cuatro requerimientos: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera; evitar que se utilice en perjuicio de la Argentina la información obtenida durante las exploraciones; preservar las obligaciones de protección del medio marino y evitar nuevas autorizaciones británicas sobre los recursos en disputa.
El primer pedido apunta directamente a detener las actividades vinculadas con Sea Lion mientras se resuelve la controversia. Aunque la producción comercial está prevista para 2028, las compañías involucradas ya avanzaron con decisiones de inversión y preparativos para desarrollar el proyecto.
En materia de información exploratoria, la Argentina busca impedir que los datos geológicos y técnicos obtenidos en las áreas marítimas en disputa sean utilizados en perjuicio de sus derechos. El planteo también incorpora la protección ambiental, con referencias a los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que establecen obligaciones de los Estados para preservar el medio marino y prevenir la contaminación.
El cuarto requerimiento pretende evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos de la plataforma continental en disputa o adopte decisiones que agraven la controversia mientras continúa el procedimiento internacional.
La solicitud se encuadra en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR, que habilita al Tribunal del Mar a considerar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en el conflicto de fondo. El objetivo es preservar los derechos invocados por las partes y evitar daños graves al medio marino cuando las circunstancias lo requieran.
A diferencia del arbitraje, cuya función será examinar la controversia principal, el procedimiento ante el Tribunal del Mar busca una respuesta urgente. Los jueces deberán evaluar si existe fundamento jurídico suficiente y si las circunstancias justifican adoptar medidas antes de que se constituya el tribunal arbitral.
El organismo internacional podrá aceptar todos o algunos de los pedidos, rechazarlos o establecer medidas diferentes. Una eventual decisión favorable tendrá carácter obligatorio para las partes, aunque el tribunal arbitral podrá posteriormente mantenerla, modificarla o dejarla sin efecto.
El Gobierno argentino sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. Por su parte, Londres rechazó el planteo argentino y defendió las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.
Quirno reiteró la disposición argentina a recurrir a mecanismos pacíficos de solución de controversias e instó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución a la disputa de soberanía.