Antidoping a funcionarios: Río Grande pide incluir un certificado de aptitud psicofísica

El proyecto establece la obligatoriedad a funcionarios de entregar un certificado psicofísico con análisis de rinoscopia, psiquiátricos y de orina. proponen reemplazar la rinoscopía por un análisis de sangre.

El concejal Alejandro Nogar apoya firmemente el proyecto del concejal Rossi con respecto a exigir certificado de aptitud psicofísica a funcionarios. El edil explicó que “desde nuestro bloque observamos con satisfacción esta propuesta, y vimos la posibilidad de trabajar sobre una idea similar a la que había presentado en el año 1996 por el concejal y legislador Horacio Miranda (MC), no prosperando en su momento por falta de quórum. También indicó que “sabemos que nuestro planteo va a generar reparos, pero lo hacemos convencidos que cuando circunstancialmente una persona se ve honrada de ejercer la función pública, lo hace a sabiendas que el interés de la sociedad, está muy por encima de sus derechos personalísimos”.
El concejal Alejandro Nogar apoya el proyecto de exigir certificado de aptitud psicofísica a funcionarios presentado por el concejal Rossi en marzo de este año, donde establece la obligatoriedad de entregar un certificado psicofísico a funcionarios, siendo que este certificado conlleva análisis de rinoscopia, psiquiátricos y de orina.
Al respecto Nogar sostuvo que “desde este bloque observamos con agrado la propuesta del concejal Rossi, y vimos la posibilidad de trabajar sobre una idea similar a la que había presentado en el año 1996 por el concejal y legislador Horacio Miranda (MC), no prosperando por falta de quórum”.
El edil resaltó que el “flagelo social que representa el consumo de drogas ilegales en nuestra ciudad se nos presenta como un verdadero desafío para quienes nos encontramos comprometidos en garantizar el accionar del Estado, por lo cual un amplio abordaje logrará resultados positivos y concretos para la sociedad”.
Por tal motivo para la próxima sesión Nogar presentará un proyecto que persigue establecer un régimen de penalidades o sanciones para quienes en el ejercicio de su función pública se encuentran sometidos a los efectos de las citadas sustancias ilegales con el grado de adicción.
En tal sentido entendió que “sabemos que nuestro planteo va a generar reparos por aquellos que entienden que el establecer la obligatoriedad de realizarse estudios médicos tendientes a determinar si se padece de adicciones vulneraria el derecho a la intimidad de las personas, pero lo hacemos convencidos que cuando circunstancialmente una persona se ve honrada de ejercer la función pública, además de haber jurado frente a la Constitución Nacional y/o Provincial, lo hace a sabiendas que el interés de la sociedad, está muy por encima de sus derechos personalísimos”.
Además el edil sostuvo que “desde nuestro bloque entendemos que nada más sano para nuestra democracia representativa es tener funcionarios con las aptitudes físicas y psíquicas plenas para contar con funcionarios idóneos que puedan llevar a cabo acciones y políticas públicas en beneficio de todos”.
Además Nogar propone modificar algunos puntos del proyecto del concejal Rossi como por ejemplo es aumentar la obligatoriedad a otros cargos de funcionarios públicos como será al Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores, Jefes de Programas, autoridades de empresas del Estado Municipal, personal de planta política en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, Juzgado Administrativo de Faltas, Juez, Secretario, Prosecretario, Tribunal de Cuentas Municipal, Vocales, Concejo Deliberante de la ciudad de Rio Grande hasta nivel de Asesor legislativo, administrativo, jurídico y planta política.
También propone quitar de los estudios la rinoscopia y agregar el análisis de sangre, siendo que el análisis es más importante para observar si hubo consumo o no de estupefacientes, siendo que estos análisis deberán ser una vez por año y sorpresivos.
Los mismos serán realizados por Instituciones Públicas, estableciendo como prioridad el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos “Dr. Fernando Carlos Matera”.
En caso de no contar con el profesional competente, la autoridad máxima del Laboratorio Local deberá indicar el Hospital más próximo que cuente con la misma y lo expresará en un certificado. No deberán ser aceptados los exámenes realizados por Instituciones Privados.
Los profesionales de la salud pública local, deberán dar cuenta de la responsabilidad y la honorabilidad que adopten al momento de realizar los informes correspondientes, en respeto a la Ética Profesional.
Por otro lado el edil propone adherir a la Ley Provincial N° 1233 sobre carecer de adicción a drogas ilegales, requisito obligatorio para los funcionarios del Estado.
Al respecto señala que los funcionarios alcanzados se realizarán el examen de acuerdo al orden establecido por sorteo público y deberán realizarlo con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación, evitando que se pueda especular con los días que duran las drogas en el cuerpo y hacerse los análisis cuando le convenga.
Deberán realizarse con carácter de obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en sangre y en orina.
Además deberán disponer que en el caso que el examen diera positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba, dentro de los diez días hábiles siguientes al resultado realizado.
En aquellos casos de dudas que resulten de los exámenes, se llamará a una Comisión de Juntas Médicas para determinar los parámetros, si se encuentran dentro de rangos normales, la habilitación o no, de cada funcionario para ser merecedor o no de la función encomendada, en casos de incorrecciones y dudas a la probidad psico-física, rectitud moral y ética, discernimiento, ecuanimidad, equilibrio, eficiencia y lucidez de los actos públicos, que debe realizar.
En relación a si se detectase la presencia de metabólicos de drogas ilegales se procederá del siguiente modo: si es funcionario designado, será causal de cese en la función pública, se le otorgará un régimen de rehabilitación por la enfermedad de adicción; si es un funcionario electo, se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución Provincial; si es un funcionario candidato, no podrán ser candidatos para ningún cargo conferido por la Carta Orgánica de la ciudad de Rio Grande.
Durante todo el proceso el funcionario tendrá el más amplio derecho de defensa y gozará de todas las garantías constitucionales, siendo que los gastos que demanden la implementación y estudios serán a cargo de cada funcionario.


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