El dirigente de la multisectorial Río Grande, Moisés Solorza, participó como orador en la Audiencia Pública desde la sede Tierra del Fuego, y aseguró que el aumento va más allá de un pretendido 35%.
Con una fuerte manifestación frente a la sede de ENARGAS, vecinos y organizaciones de Río Grande rechazan el nuevo aumento tarifario que quedará definido en la audiencia pública que comenzó ayer a las 9 en todo el país. El dirigente de la multisectorial Río Grande Moisés Solorza fue uno de los oradores y advirtió que en esta oportunidad se pretende atar el aumento a la variación del dólar. “La concejal Miriam ‘Laly’ Mora se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, participando en representación de la ciudad de Río Grande, con el apoyo de las dos CTA, la CGT, en el marco de una campaña que estamos teniendo sobre la visibilización de los problemas a lo largo y ancho del país. Yo voy a participar como orador en la sede de Río Grande”, dijo a la prensa.
“El gobierno nacional lanzó también la audiencia pública en ENARGAS, en el mismo día y horario, intentando boicotear la gran audiencia pública nacional. Eso demuestra claramente que intenta desalentar a todos los vecinos y usuarios que quieren expresarse”, cuestionó.
La gran audiencia pública contra el tarifazo que comenzó a las 11 y “es realmente masiva, porque la red de multisectoriales permanece activa, con un ruidazo todos los viernes en lugares determinados del país. Se ha masificado la protesta y se cursó invitación a 25 intendentes de Buenos Aires y a todos aquellos que judicializaron los tarifazos en 2016 y continuaron en ese camino hasta el día de la fecha. Por eso el Municipio de Río Grande fue invitado a adherir a este pedido de que se revise absolutamente todo el cuadro tarifario”, indicó.
“La tarifas están absolutamente dolarizadas y esto va a llevar al ahogo de las familias, que ya no pueden pagar las tarifas de gas. Tierra del Fuego tiene la particularidad de que necesitamos el gas para la generación de energía eléctrica, que la utilizamos para mover las bombas de agua”, sostuvo, adelantando el impacto que tendrá la suba del gas en la tarifa de luz y otros servicios.
“El nuevo aumento de la tarifa va a significar el retiro de más medidores en muchas viviendas, porque ya alrededor del 30% de los salarios de las familias de Tierra del Fuego hoy está destinado a pagar servicios, y es dinero que se transfiere directamente a las energéticas y deja de circular en la ciudad, en los comercios y demás. Somos la segunda provincia productora del país y estamos exportando gas a Chile, cuando localmente se necesita suministro”, expresó.
A modo de ejemplo, dijo que “un plan REDSOL ronda los 4.800 pesos y, si hay que destinar 2.500 pesos mensuales a pagar el gas y 1.700 a la luz, realmente no queda nada para poner arriba de la mesa”.
Destacó que “si bien las audiencias públicas no son vinculantes, sientan una postura y dejan un antecedente para algún tipo de revisión a futuro”, al tiempo que dio a conocer una novedad que preocupa porque “la Secretaría de Energía sacó una resolución por la cual se trasladará al vecino el costo de la devaluación. Esta resolución salió en forma previa a los nuevos cuadros tarifarios y directamente van a trasladar la diferencia que exista entre el cálculo del aumento del gas que vamos a pagar, que está hecho en base a un dólar que hoy está en 40 pesos. Si el dólar aumenta a 45 pesos, la diferencia la vamos a asumir todos los argentinos”, afirmó.
“Esa devaluación la vamos a asumir usuarios y consumidores, y va a ser trasladada directamente a las tarifas. Es uno de los temas que se van a discutir en esta audiencia pública. Nosotros pedimos que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de los recursos de amparo que se presentaron cuando estaba al frente del ministerio José Aranguren. El fallo determinó que las tarifas deben guardar relación con el acceso a los servicios públicos brindados por empresas privadas. La tarifa debe tener razonabilidad y guardar relación con los salarios y los ingresos familiares; dice que el servicio debe ser accesible a las familias y prestarse de manera eficiente y de calidad. Como lo marca la Constitución, es un derecho que nos asiste a las familias y lo único que estamos pidiendo es que se dilucide el precio del millón de BTU en boca de pozo, que es una cuestión todavía no resuelta. Allí comienza la cadena del valor que termina pagando cada vecino, y se debe determinar cuánto cuesta producir el millón de BTU. Esa respuesta es la que vamos a buscar, porque la Corte Suprema claramente dice que se debe dilucidar cuánto cuesta producir el gas en la Argentina. Esto no fue cumplido ni por el ministro Aranguren, ni luego por el ministro Iguacel y ahora Lopetegui está profundizando aún más la situación con este nuevo cuadro tarifario. Con un recurso de amparo estamos pidiendo que la justicia haga valer su palabra y le diga al gobierno que no está cumpliendo con lo que dictaminó la Corte Suprema en 2016”, concluyó.
Cabe señalar que las distribuidoras están solicitando incrementos de hasta el 35%, teniendo en cuenta la variación de precios mayoristas desde el 1° de octubre. Por el cuadro tarifario propuesto, el 79% de los residenciales que consumen hasta 1.000 metros cúbicos anuales pagarían por día $5,39 adicionales respecto de los valores vigentes; el 16% que consume hasta 1.800 metros cúbicos abonarían $18,43 adicionales diarios; y el 5% de mayor consumo, $49,66 más por día.
Para la pequeña y mediana industria y comercio la estimación es que los usuarios SGP1 verán incrementar sus tarifas en $18,47 diarios, mientras que los SGP2 tendrán una variación de $228,96 adicionales por día; en tanto, para usuarios industriales, centrales eléctricas y GNC, el aumento promedio será del 35,63%.
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