LOS LEGISLADORES PRETENDIERON COPIAR LA EXPERIENCIA DE SANTA CRUZ EN TIERRA DEL FUEGO, EN DONDE LA ESPECIE CUENTA CON APENAS 50 MIL EJEMPLARES.
La desafortunada iniciativa del legislador radical Pablo Blanco fue revertida con gran acierto y en concordancia con el reclamo de especialistas del CADIC, Centro Austral de Investigación Científica, organizaciones proteccionistas y ambientalistas y ciudadanía en general, por la gobernadora, quien fundamentó su total rechazo a la medida en que se trata de una especie protegida, el riesgo de las personas que transitan por la zona rural de ser alcanzadas por las balas de las escopetas y la falta de estructura para la adecuada fiscalización de la carne del animal, sobre la que el científico Adrián Schiavini informó que puede transmitir al ser humano un parásito muy peligroso.
La gobernadora Rosana Bertone decidió vetar ayer la modificación a la Ley provincial 101 sancionada el pasado 27 de noviembre, que habilitaba la caza del guanaco por el término de un año.
La ley aprobada establecía “suspender la aplicación de la prohibición impuesta por el artículo 1° de la Ley provincial 101, exclusivamente con lo relacionado al guanaco por el término de 365 días a partir de la promulgación de la presente”.
La iniciativa de liberar la caza del guanaco despertó profundo rechazo en múltiples sectores de la sociedad fueguina, entre ellos científicos y organizaciones ambientalistas, que calificaron negativamente a la medida.
El veto aplicado por la mandataria tuvo en cuenta la recomendación de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que a través de la Dirección de Fauna y Diversidad sugirió el rechazo total a la normativa, teniendo en cuenta que la población de guanacos de toda la provincia no supera los 50 mil ejemplares, y que “corresponde aplicar el principio de precaución” para evitar las consecuencias que la caza indiscriminada pude tener sobre la especie, que se encuentra protegida.
El informe elaborado por la mencionada Dirección, recalca además que “la apertura de la caza sin contar con una estructura que garantice los debidos controles, implica un riesgo potencial para las personas que transiten por el medio rural” además de que “la comercialización de la carne de guanaco requiere de una fiscalización adecuada” que respalde “la calidad del producto tanto desde el punto sanitario como bromatológico”.
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