Uno de los dos imputados, Susana del Carmen Ancalipe, continúa prófuga de la Justicia.
Carlos Adrián Pérez fue inmediatamente detenido luego de la lectura de la sentencia. Debido a que el hombre no tiene domicilio en Tierra del Fuego y se encuentra desocupado, se consideró que podría intentar fugarse. La causa en la que está imputado con su pareja, se remonta a diez años atrás.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte integrado por los jueces Verónica Marchisio, Juan José Varela y Pedro Fernández, condenó el lunes 15 de mayo, a Carlos Adrián Pérez, de 59 años de edad, a la pena de 4 años de prisión efectiva tras encontrarlo culpable del delito de estafa.
El Tribunal de Juicio había postergado en dos ocasiones el inicio del debate en la espera de que la Policía encontrara a Susana Ancalipe en Córdoba, su último domicilio declarado, lo que finalmente no ocurrió.
Cabe destacarse que los hechos denunciados y la causa judicial iniciada en consecuencia se remontan a diez años atrás, siendo recién ahora el imputado detenido al finalizar la lectura del veredicto. El Tribunal lo halló culpable de haber estafado a varias familias en Río Grande y a algunas de Ushuaia, junto a su ex pareja Susana Ancalipe, quien a la fecha sigue con pedido de captura.
En la etapa de alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por la abogada Laura Urquiza, había solicitado exactamente el monto de pena que finalmente fue dispuesta por el Tribunal.
Un hecho relevante también significó que Pérez, quien venía siendo representado por el abogado particular Lucas Sartori, dejó de contar con esa asistencia y quedó su defensa en manos de Alejandro Naccarato. El abogado defensor oficial había requerido al Tribunal que su defendido fuese juzgado como partícipe secundario, atribuyéndole la mayor responsabilidad a la mujer prófuga, y que, en caso de encontrarlo culpable, se le aplicara una pena de 6 meses de prisión en suspenso. Los jueces no hicieron lugar a su requerimiento.
Durante las primeras jornadas de debate expusieron varios testigos en un caso que se remonta al año 2013 y por un monto original estimado en un millón y medio de pesos, que actualizado a una década, arroja una suma extraordinaria. Precisamente la fiscal Laura Urquiza solicitó que el número se actualice por los peritos contables, resultando un monto sideral.
Pérez y su ex pareja, Susana del Carmen Ancalipe están acusados de estafar a más de 9 personas en desarrollos de vivienda que nunca se concretaron. La mayoría de los damnificados, 10 años después de los hechos, no pudieron lograr todavía acceder a la vivienda propia.
La empresa Río Grande Construcciones, dirigida por Ancalipe recibía pagos regulares de sus clientes en la oficina comercial. La pareja engañaba a sus víctimas con modelos de casas que no eran construidas por la firma, certificaban contratos, emitían recibos y emparentaban su negocio con otros dos locales comerciales de la ciudad, con el fin de incrementar la credibilidad de los potenciales clientes.
La acusación sobre Ancalipe y Pérez consiste en haber obtenido grandes sumas de dinero mediante engaños. Los sujetos le ofrecían a vecinos de Río Grande y, aunque en menor medida también de Ushuaia, la construcción de viviendas económicas y de armado rápido. Para ello simulaban contar con gran solvencia y le mostraban a sus incautos clientes algunos inmuebles en proceso de construcción, que no les pertenecían y con los que nada tenían que ver. Para hacer más creíble el engaño habían alquilado un local comercial en Río Grande en donde recibían adelantos a cuenta por trabajos de construcción que nunca realizaron.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 31 de mayo.
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